El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alertó que los trabajadores del régimen CAS podrían quedarse sin gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficios ya aprobados por ley, si el Congreso no establece un mecanismo de implementación progresiva. Según estimaciones oficiales, aplicar la normativa de inmediato tendría un costo cercano a S/3.500 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo no se opone al otorgamiento de estos beneficios laborales, pero sostuvo que su aplicación debe hacerse de manera gradual para garantizar el financiamiento. En declaraciones a RPP, Acuña explicó que se espera conocer la contrapropuesta que planteará la Comisión de Presupuesto, luego de que este grupo de trabajo retirara del predictamen del crédito suplementario la disposición que planteaba la implementación escalonada.
La Comisión de Presupuesto anunció que presentará una nueva propuesta para reemplazar el artículo referido a la aplicación gradual de la Ley 32563. El MEF insiste en que, sin un cronograma de pagos que distribuya el costo fiscal en varios años, los trabajadores CAS no podrían recibir los beneficios completos.
El debate se da en el marco del proyecto de crédito suplementario que el Ejecutivo envió al Congreso, donde el MEF busca incluir la gradualidad como condición para liberar los recursos necesarios. De no aprobarse este mecanismo, advierte el ministerio, los trabajadores del régimen CAS perderían el derecho a la gratificación y CTS que el Parlamento ya les reconoció.
El titular del MEF, Rodolfo Acuña, advirtió en RPP que los trabajadores CAS podrían quedarse sin recibir la gratificación ni la CTS si el Congreso no aprueba una fórmula que permita implementar de manera progresiva los beneficios establecidos por ley. Explicó que la aplicación inmediata de la norma generaría un impacto fiscal que el Estado no podría asumir en las condiciones actuales. Sostuvo que, de no modificarse el mecanismo de implementación, los trabajadores podrían terminar sin acceder a estos beneficios debido a que la norma anterior ya fue derogada. En ese sentido, insistió en que es necesario aprobar un esquema de progresividad para evitar que los servidores públicos resulten perjudicados y puedan recibir los derechos laborales reconocidos por el Congreso. Según indicó, la justificación expuesta por el grupo de trabajo fue que se trata de una ley aprobada por el Congreso y que corresponde al Ejecutivo evaluarla y aplicarla. Reiteró que el Gobierno no está en contra de que los trabajadores CAS accedan a la gratificación y la CTS. Sin embargo, afirmó que estos beneficios deben implementarse de manera progresiva para asegurar que existan los recursos necesarios para cumplir con la norma.
La Comisión de Presupuesto del Congreso retomará el debate el **martes 30 de junio** para evaluar una nueva fórmula que permita destrabar la aplicación de la ley que otorga gratificación y CTS a los trabajadores CAS. Su presidente, **Alejandro Soto**, señaló que el objetivo es construir una alternativa “técnicamente viable, fiscalmente responsable” que atienda las demandas de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Previamente, el **MEF** estimó que otorgar de inmediato ambos beneficios a todos los CAS tendría un costo cercano a S/3.500 millones. Según explicó **Rodolfo Acuña**, ese monto no puede cubrirse con los recursos del crédito suplementario, por lo que el Ejecutivo propuso un esquema de implementación escalonada. Tras retirar la disposición sobre la gradualidad, la comisión anunció que elaborará una nueva propuesta para definir la aplicación de los beneficios.
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