Un informe elaborado por Horizonte Laboral y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, revela que el sistema de protección social en el país prácticamente no ha avanzado en los últimos cinco años. Los niveles de empleo formal, acceso a salud y cobertura de pensiones son hoy muy similares a los que se registraban en 2019, antes de la pandemia.
El Índice Regional de Protección Social (IRPS), que mide en una escala de 0 a 1 el nivel de protección de los trabajadores con base en tres dimensiones —empleo, salud y pensiones—, pasó de 0.49 en 2019 a apenas 0.50 en 2024. La premisa del indicador es que, a mayores oportunidades de empleo formal, atención médica efectiva y una pensión suficiente, mayor es la capacidad de una persona para enfrentar riesgos económicos a lo largo de su vida.
Los resultados muestran que dos de los tres componentes evaluados no registraron avances frente a 2019. El empleo mantuvo el mismo nivel que hace cinco años, mientras que la salud, luego de sufrir un deterioro durante el periodo, volvió al punto de partida. ¿Qué explica que los avances hayan sido tan limitados pese al crecimiento económico registrado en ese lapso? ¿Qué factores siguen frenando una mayor cobertura?
Para Mayén Ugarte, presidenta del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, una de las razones es que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en una mejora de la protección social. Explica que parte de la expansión de la economía peruana respondió al mejor desempeño de sectores específicos, como la minería, sin que ello generara automáticamente más empleo formal o una ampliación de los servicios que sostienen la protección social.
En detalle, el ranking del IRPS revela un país que avanza, pero no necesariamente converge. Mientras el Callao aparece como líder con 0.80 en 2024, regiones como Ayacucho, Cajamarca y Puno permanecen en la base, atrapadas en un rezago histórico que ni siquiera cinco años de mejoras han logrado revertir.
La dimensión empleo cerró con una puntuación de 0.60, idéntica a la de 2019, lo que revela que solo el 24.6% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Es decir, tres de cada cuatro trabajadores permanecen fuera del sistema. Además, apenas el 16% cuenta con un empleo adecuado, aquel que ofrece ingresos suficientes y una jornada laboral acorde a los estándares. Esto significa que una gran parte de los trabajadores no solo enfrenta informalidad, sino también problemas de calidad del empleo. El informe identifica al empleo como el principal punto de entrada a la protección social, pero también donde persisten las mayores brechas.
Según Ugarte, la persistencia de estos niveles de informalidad responde a múltiples factores, entre ellos la dificultad que tienen las empresas para crecer. La especialista sostiene que el país cuenta con miles de pequeños negocios que sobreviven en actividades de baja productividad y encuentran barreras para convertirse en empresas medianas capaces de generar empleo formal. “Tenemos una ‘política pública’ que mantiene enanas a las empresas”, señala. A su juicio, las limitaciones de acceso al crédito, los incentivos insuficientes para expandirse y ciertas cargas tributarias terminan desalentando el crecimiento empresarial.
“[...] la geografía de la protección social sigue fragmentada, marcada por territorios que acumulan oportunidades y otros que apenas sostienen lo mínimo”, destaca el propio índice.
En cuanto a pensiones, la dimensión pasó de 0.58 en 2019 a 0.60 en 2024, convirtiéndose en el único componente que mostró una mejora durante el periodo analizado. Pero se esperaría que en mediciones futuras esto se deteriore en un contexto donde cada vez más futuros jubilados se alejan de una pensión por los constantes retiros de sus fondos.
El informe también alerta sobre el acelerado envejecimiento poblacional que enfrenta el país. Según el censo del INEI, la participación de la población de 60 años a más subió de 11.7% a 14.8% entre 2017 y 2025, mientras que el grupo de 0 a 14 años se redujo de 26.5% a 22.7%. El grupo de 15 a 59 años pasó de 61.9% a 62.5%. Al 2040, la población adulta mayor superará a la de hasta 15 años, “consolidándose el envejecimiento”, según cálculos del INEI de mayo de este año.
Ante este panorama, la preparación para la vejez es insuficiente. Una encuesta de Horizonte Laboral reveló que el 45% de las personas mayores de 35 años espera recibir apoyo económico de hijos o familiares cuando ya no pueda trabajar. Solo una minoría cuenta con inversiones, propiedades u otros mecanismos de respaldo. Actualmente, apenas 26 de cada 100 trabajadores aportan a un sistema de pensiones, y solo el 23% de los adultos mayores recibe una pensión superior a S/ 444 mensuales. Como consecuencia, el 46% continúa trabajando después de la edad de jubilación.
Para Ugarte, estos datos muestran la urgencia de discutir mecanismos que permitan ampliar la cobertura previsional en un contexto donde la población envejece y la informalidad sigue siendo elevada.
En el ámbito de la salud, los avances son escasos. El índice correspondiente cerró 2024 en 0.29, exactamente el mismo nivel registrado antes de la pandemia. El informe señala que solo el 18.9% de los trabajadores que reportaron un problema de salud accedió efectivamente a una consulta médica. Además, el 29.9% de los hogares enfrentó gastos de bolsillo que afectaron su estabilidad económica para cubrir necesidades de atención médica.
Los problemas también aparecen en el acceso geográfico. El tiempo promedio de traslado a un establecimiento de salud alcanza los 30 minutos a nivel nacional y supera los 40 minutos en regiones como Ayacucho y Pasco.
Ugarte señala que uno de los principales retos es mejorar la capacidad de atención del sistema sanitario. Aunque el gasto en salud ha crecido en los últimos años, esto no se ha traducido en más prestaciones para los usuarios. Por ello, el país debe fortalecer la atención primaria y preventiva, con el fin de evitar que los pacientes lleguen a etapas más complejas y costosas. A pocas semanas del cambio de Gobierno, el informe lanza una advertencia clara: el crecimiento económico por sí solo no basta para mejorar la protección social. Los resultados evidencian que las brechas en empleo, salud y pensiones siguen siendo amplias, y que los avances registrados han sido insuficientes para transformar de fondo la situación de los trabajadores peruanos. Para Ugarte, los próximos años requerirán una combinación de medidas: impulsar la productividad, facilitar el crecimiento empresarial, fortalecer la atención primaria en salud y ampliar la cobertura previsional. De no hacerlo, el país llegará a la próxima década con los mismos problemas que hoy reflejan los indicadores de protección social, pero con una población más envejecida y mayores demandas sobre el sistema.
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