La Contraloría General de la República detectó que diez gobiernos regionales no están incorporando en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos que exige la ley para que el Consejo Regional pueda fiscalizar su gestión. Se trata de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

De acuerdo con la normativa vigente, estas entidades deben destinar al Consejo Regional al menos el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios, “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”. Sin embargo, al 15 de junio de 2026, ninguna de ellas cumplía con esa obligación legal.

Según los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron asignar como mínimo un total de S/ 12′406,295.12 para las actividades de fiscalización de sus consejos. No obstante, se verificó que solo habían consignado S/ 6′646,197.00, lo que representa en promedio apenas el 53.6% de lo que corresponde conforme a la Ley N° 31812.

Entre los casos más notorios, el Gobierno Regional de Junín destinó apenas S/ 238,200 para la fiscalización de su Consejo Regional, cuando debió asignar como mínimo S/ 1′390,385.27 para el presente ejercicio fiscal. Por su parte, el Gobierno Regional de Áncash consignó S/ 300,000 en lugar de los S/ 1′204,226.83 que corresponden.

En tanto, el Gobierno Regional de Apurímac asignó S/ 201,000 cuando debía ser S/ 859,659.04; el de Huánuco destinó S/ 448,289 en vez de S/ 1′187,670.43; y el de Ica consignó S/ 376,163 frente a los S/ 695,450.76 que le exigía la ley.

En el caso del Gobierno Regional de La Libertad, se incorporó un presupuesto de S/ 1′319,000 para fiscalización, cuando el mínimo requerido era de S/ 2′558,699.28. Similar situación enfrentan Amazonas, que asignó S/ 404,357 en lugar de S/ 758,737.70, y Madre de Dios, que destinó S/ 391,468 frente a los S/ 590,944.01 necesarios. Ayacucho, por su parte, presupuestó S/ 988,288 de los S/ 1′154,642.67 que correspondían, mientras que Loreto incorporó S/ 1′979,432 en vez de S/ 2′005,879.13. Al no asignar los recursos que exige la ley, se corre el riesgo de limitar la función fiscalizadora de los consejeros regionales. Según el artículo 15 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos consejeros, elegidos por sufragio directo, tienen entre sus atribuciones fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. La Contraloría General ya comunicó a los titulares de los gobiernos regionales los resultados del servicio de control, instándolos a adoptar medidas preventivas y correctivas oportunas para no restringir presupuestalmente dicha función. Contraloría. (Foto: GEC)

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