En el escenario político polarizado tras la segunda vuelta electoral, el economista Luis Carranza Ugarte se perfila como el gran favorito para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas en el eventual gobierno de Keiko Fujimori. La misma lideresa de Fuerza Popular destacó durante la campaña lo "importante" que sería contar con Carranza en esa cartera y lo designó vocero y defensor del modelo macroeconómico de su partido. Otro peso pesado del fujimorismo, Luis Galarreta, lo calificó como "un lujo" para el país.

Carranza ha expuesto en diversas ocasiones sus planteamientos económicos, como ocurrió la noche del domingo 24 de mayo en el Debate Técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre sus propuestas destacan el orden en la economía a nivel social y político, el capitalismo popular, la estabilidad macroeconómica, la apuesta por la inversión privada, el destrabe de grandes proyectos de infraestructura, la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP) y el equilibrio fiscal. Estas ideas, además, están recogidas en el Plan de Gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular, denominado "Perú con orden".

La formación académica de Luis Carranza respalda su candidatura: estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo un doctorado en la Universidad de Minnesota y luego trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su trayectoria profesional también figura haber sido presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y viceministro de Hacienda cuando Pedro Pablo Kuczynski era titular de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Propuestas económicas de Fuerza Popular y de Luis Carranza para impulsar el crecimiento y la inversión privada.

Carranza sostiene que la inversión privada, y no el gasto estatal, es el único motor capaz de generar crecimiento sostenido, empleo formal y reducción de la pobreza. Durante el Debate Técnico 2026, detalló que su plan para levantar al Perú se apoya en tres pilares: "orden económico, capitalismo popular y orden social". En lo económico, propone respetar la autonomía del Banco Central y regresar al equilibrio fiscal. En capitalismo popular, "vamos a impulsar fuertemente la inversión privada. Daremos créditos a pequeñas y medianas empresas", afirmó. Para él, es prioritario ejecutar miles de millones de soles en obras paralizadas, proyectos detenidos que podrían impulsar crecimiento, empleo y competitividad si se reactivan. Considera que la minería y la agroexportación son los sectores más exitosos de la economía peruana y deben seguir siendo pilares del crecimiento.

Su perfil liberal y ortodoxo en materia macroeconómica se consolidó desde que fue ministro de Economía en el 2006, en el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García, una administración de corte liberal muy distinta a su primer mandato.

Las propuestas económicas de Fuerza Popular y de Luis Carranza incluyen alcanzar tasas de crecimiento de 6% a 7% anual de manera sostenida para generar empleo y reducir la pobreza. Plantean atraer más inversión privada nacional y extranjera, destrabar grandes proyectos de infraestructura y garantizar la seguridad jurídica. En el marco del capitalismo popular, buscan más acceso al crédito a través de un Banco de Desarrollo, facilitar la formalización y promover el emprendimiento. En disciplina fiscal, proponen reducir el déficit fiscal a 1% del PIB, controlar el gasto corriente y priorizar la inversión pública. Consideran a la minería, agroexportación y turismo como motores, por lo que apuestan por destrabar proyectos mineros, impulsar las agroexportaciones y el turismo, y mejorar la infraestructura logística y la competitividad. También promueven la desregulación y simplificación administrativa: reducir trámites y permisos, digitalizar el 80% de los trámites empresariales y acelerar la aprobación de grandes proyectos. Para la formalización empresarial y el empleo, proponen simplificar la formalización, así como incentivos para contratar formalmente y para emprendedores jóvenes. Defienden el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y plantean un diálogo con Julio Velarde para buscar su permanencia en la entidad. En la agenda social, su Plan de Gobierno establece reducir la pobreza a 15%, aumentar becas y créditos educativos, mejorar la infraestructura de salud y educación, y luchar contra la anemia infantil.

Los 100 primeros días

El Plan de Gobierno “Perú con orden” 2026-2031, de claro tinte carranzista, detalla las metas que Fuerza Popular aspira a cumplir en los primeros 100 días de gestión económica. Entre ellas destacan recuperar la confianza de los inversionistas, simplificar el funcionamiento del Estado y acelerar la ejecución de inversiones públicas y privadas. La estrategia parte de una premisa clara: si se reducen las trabas burocráticas y se garantiza la estabilidad política y jurídica, la inversión volverá a crecer, se crearán cientos de miles de empleos y el país recuperará dinamismo. No obstante, economistas e investigadores críticos advierten que no basta con eliminar trámites administrativos.

Conducir un país dividido no será sencillo. Los especialistas sostienen que reducir la burocracia ayuda, pero no resolverá por sí sola el problema de la inversión. Señalan que existen obstáculos mayores para el crecimiento, como la inseguridad ciudadana, los conflictos sociales, la debilidad institucional, la inestabilidad política y el descontento de algunas regiones.

Shock desregulatorio

Para los primeros 100 días de gobierno, Fuerza Popular ha propuesto un “shock desregulatorio”. La iniciativa plantea revisar y eliminar procedimientos administrativos considerados innecesarios, digitalizar permisos, fijar plazos máximos para autorizaciones y reducir la carga burocrática que enfrentan empresas y emprendedores. El objetivo es acelerar las inversiones privadas y mejorar el clima de negocios.

Según el partido, estas medidas permitirían atraer entre US$5.000 millones y US$7.000 millones adicionales de inversión privada cada año, además de impulsar la creación de unos 500.000 empleos formales en el quinquenio. Asimismo, en los primeros 100 días anuncian que implementarán un programa de consolidación fiscal orientado a alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y la reducción gradual del déficit fiscal hasta el 1% del PBI en 2031.

Especialistas observan que el Plan no explica cómo se obtienen las proyecciones de 500.000 empleos formales y millones de dólares adicionales de inversión, ni qué supuestos económicos se han utilizado. Tampoco se ve cómo se financiarán los compromisos sin deteriorar más las cuentas públicas. Sobre atraer hasta US$7.000 millones adicionales y generar esos puestos de trabajo, estiman que sería de difícil verificación en tres meses. La propuesta incluye modernizar el Estado, eliminar procedimientos 'redundantes' con digitalización masiva y unificar normativas dispersas mediante una Ventanilla Única Digital Nacional con IA, además de simplificar licencias para empresas y MYPE. No obstante, indican que la reactivación de proyectos paralizados dependerá de la coordinación con gobiernos regionales, municipales y organismos ambientales.

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