En cuanto a la minería informal e ilegal, Luque consideró necesario diferenciar entre minería informal, ilegal y criminal para diseñar leyes específicas para cada caso. Se refirió a normas como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la eliminación de licencias de autorización de uso de explosivos.
La representante de Ahora Nación también evaluó la gestión del Congreso saliente, al que calificó como "el peor de la historia". Sostuvo que durante este periodo se aprobaron normas de manera acelerada y se redujeron los espacios de deliberación. "Creo que ha instaurado un parlamentarismo de facto, ha instaurado autoritarismo, ha instaurado la aprobación exprés de normas sumamente cuestionadas, ha eliminado la deliberación como fondo de varios de estos temas; las deliberaciones se sumergieron a casi un minuto los que éramos minoría, y ha funcionado de manera virtual los cinco años", mencionó. Luque resaltó que el siguiente Congreso debe funcionar expresamente de manera presencial, lo que permitirá "que muchos parlamentarios rindan cuentas de sus votaciones".
Desde Ahora Nación, Luque precisó que su agrupación mantiene conversaciones con distintas organizaciones políticas para evaluar la conformación de una Mesa Directiva del Senado, entre ellas Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, buscando una mesa plural que permita "un balance adecuado frente al fujimorismo". Sin embargo, señaló que su partido "no está desesperado" en encabezar esta mesa directiva, sino en generar un contrapeso con el gobierno, por lo que consideró que el fujimorismo no debería presidirla.
Respecto al proceso electoral, Luque señaló que primero se debe esperar a que se agoten los recursos impugnatorios, tras lo cual Roberto Sánchez aceptaría la decisión del electorado. No obstante, sostuvo que existen sectores de la ciudadanía "que no sienten legitimidad" más allá de la victoria legal electoral que podría tener Keiko Fujimori. "Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra cosa el debate de la legitimidad, y yo creo que el señor Sánchez seguramente responderá, pero en mi evaluación política, ya más allá de las impugnaciones, hay un resultado y una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular", precisó.
La congresista apuntó que aún mantiene cuestionamientos sobre diversos episodios del proceso electoral y las condiciones políticas en las que se desarrolló la campaña. Aunque descartó la existencia de fraude, señaló que, a su juicio, hubo cambios en normas e irregularidades que sí deben ser evaluados. "Se ha vulnerado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral. Hubiera hecho bien la segunda vuelta que esta cosa que la Cancillería cambió, que no se digitalizaba, fuera anunciada de manera más clara", indicó.
De cara a un eventual gobierno de Fuerza Popular, Luque se mostró de acuerdo en que habrá actos "de represalia o venganza" en el ámbito legal contra actores políticos contrarios al fujimorismo. "Yo creo que sí, porque en estos 5 años ha habido ese tipo de cosas. Ellos son los autores intelectuales, así lo voy a decir, han generado el fraudismo. Ellos avalaron la comisión investigadora que le costó dinero al país. Han actuado cinco años castigando, por ejemplo, a Delia Espinoza, cuando no le corresponde; le han hecho una ley ya hasta para sacarla del Colegio de Abogados de Lima; actúan y han generado leyes para envalentonar a la Policía", remarcó.
El exministro de Economía y Finanzas e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza Ugarte, se mostró totalmente de acuerdo con el diagnóstico del Consejo Fiscal. Este organismo advierte que, de mantenerse la aprobación de leyes de gasto y exoneraciones tributarias onerosas que comprometen el erario nacional, el país corre el riesgo de perder el grado de inversión hacia el año 2031. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Carranza sostuvo que “esa puerta se tiene que cerrar”, refiriéndose a las iniciativas de gasto que parten desde el Congreso de la República. Por ello, enfatizó la necesidad de controlar el gasto corriente para asegurar la estabilidad fiscal.
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