La pregunta sobre el destino de los aproximadamente 69.5 millones de soles que corresponderían por financiamiento público a Obras y al Partido del Buen Gobierno surge en medio de la incertidumbre. Ambas organizaciones políticas no alcanzaron el número mínimo de candidaturas exigidas en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, por lo que podrían perder su inscripción el primer día hábil de enero de 2027. En un sistema que prioriza la creación de máquinas electorales sobre partidos institucionalizados, estas agrupaciones deben cumplir un requisito de participación para conservar su personería jurídica.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la tarea de definir desde cuándo se considera la participación de un partido político. Si se entiende desde las elecciones primarias, ambos partidos se salvarían, pues presentaron precandidatos y el propio JNE proclamó a los ganadores, quienes se convirtieron en candidatos. Incluso los reglamentos electorales reconocen al precandidato como sujeto de obligaciones e infracciones. Por el contrario, si la participación se computa únicamente desde la inscripción de listas en el sistema “Declara”, ambos perderían su inscripción.
Más allá de la decisión del JNE, queda claro que la implacable eliminación de partidos continúa generando una permanente zozobra en el sistema político peruano. Sin duda, urge revisar estas reglas si realmente queremos fortalecer la institucionalidad.
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