Con 36 candidatos inscritos para las elecciones presidenciales de 2026 y más de 12 millones de peruanos en la informalidad —el 71% de la fuerza laboral según el INEI en 2024—, el desafío de formalizar el empleo aparece como un tema recurrente en los planes de gobierno. Sin embargo, las soluciones planteadas van desde una mayor intervención estatal hasta la desregulación del mercado.
La mayoría de las propuestas coinciden en una meta: reducir la informalidad al 50%-60% hacia el 2030 mediante una formalización progresiva. Para ello, sugieren un régimen tributario simplificado, la simplificación digital de trámites y la creación de incentivos para la contratación juvenil. No obstante, al profundizar en los mecanismos, surgen tres corrientes diferenciadas.
Un primer grupo, que apuesta por una mayor institucionalización, incluye al Partido Morado, Somos Perú y Fuerza Popular. Estas agrupaciones plantean la digitalización integral de todos los sistemas laborales, la interoperabilidad entre Sunat y Sunafil, y la aplicación de incentivos temporales para la formalización.
En el extremo opuesto, partidos como Fe en el Perú, Renovación Popular, Avanza País, APP y Perú Primero abogan por una mayor libertad económica. Sus propuestas pasan por reducir el IGV o implementar un régimen laboral simplificado que, según argumentan, aliviaría la carga sobre las empresas y fomentaría la contratación formal.
Una tercera vía, representada por Juntos por el Perú y Venceremos, propone medidas que generarían costos laborales adicionales. Entre ellas destacan el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), el fortalecimiento de los sindicatos y una fiscalización más rigurosa. Estas reformas, advierten, buscan garantizar derechos laborales pero podrían encarecer la contratación formal.
Como señalamos en un artículo anterior, la informalidad laboral reduce la productividad, limita la recaudación fiscal, debilita la protección social y genera precariedad laboral. Por ello, a puertas de las elecciones, evaluar qué medidas proponen los candidatos para combatirla resulta ineludible. En varios planes de gobierno, la informalidad es considerada el principal problema estructural del mercado laboral.
En general, el sustento de las propuestas electorales —tanto en el análisis costo-beneficio como en el financiamiento y la viabilidad— es limitado. Por ejemplo, el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) podría mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también encarece la contratación formal en las mype, donde se concentra la mayoría de empleados del sector privado, lo que a la larga precariza el empleo. De otro lado, varios partidos plantean la unificación de tributos como respuesta a la informalidad, aunque esta medida no elimina los costos laborales estructurales. Asimismo, agrupaciones como Podemos Perú, Venceremos e Integridad Democrática proponen crear regímenes especiales tributarios para las mype, sin que se perciban claramente las diferencias con el régimen actual. El establecimiento de ventanillas únicas digitales que integren las diversas plataformas del Estado es un planteamiento razonable, pero exige una interoperabilidad real y una sincronización profunda entre los sistemas informáticos de las distintas entidades, lo que impacta desde lo técnico, lo presupuestal y la gestión. Por ello, detallamos algunos aspectos clave a considerar.
En cuanto al empleo juvenil, casi la mitad de los partidos políticos carece de medidas específicas para este sector, aunque las propuestas existentes se centran mayoritariamente en el empleo temporal. Algunos planes incluyen subsidios por la contratación de jóvenes, lo que supone un impacto directo en el presupuesto estatal. Por otro lado, el establecimiento de bonos para incentivar la formalización podría resultar positivo, siguiendo el modelo de países como Chile y Colombia. En Chile, por ejemplo, se implementaron bonos estratégicos financiados por el Estado para formalizar a trabajadores que inician su vida laboral en el sector formal, así como el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para empleadores que contratan mujeres. Colombia, por su parte, aplicó subsidios para la contratación formal, logrando reducir la informalidad en un 4% entre 2019 y 2023.
El Partido Morado propone la creación de un seguro de desempleo financiado mediante aportes compartidos entre empleador y trabajador, que sería administrado por EsSalud. Si bien la iniciativa resulta interesante, no sustenta ni detalla su sostenibilidad económica financiera.
En el debate sobre derechos y beneficios laborales, dos posturas chocan: una propone reducir costos de contratación simplificando requisitos legales, mientras la otra aboga por un marco regulatorio más estricto que incluya equiparar regímenes, fortalecer la Sunafil y aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV). Pese a que la informalidad es reconocida como el principal reto del mercado laboral, la mayoría de planes de gobierno no detalla la factibilidad económica de sus propuestas. Lucianna Polar, socia del Estudio Olaechea, señala que esto debería explicarse con mayor claridad en los debates y en lo que resta de la campaña electoral.
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