Investigación por muerte de menor en comisaría de Manchay tendrá nuevo responsable La investigación por la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, fue derivada a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez. La disposición fue emitida por la Fiscalía Superior de Lima Sur, que determinó que el caso corresponde a un subsistema especializado al tratarse de un deceso ocurrido mientras la víctima se encontraba bajo custodia de agentes del Estado. A partir de esta medida, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) deberá remitir los avances de sus diligencias al nuevo ente responsable. El Ministerio Público informó que la decisión se adoptó tras evaluar que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que ameritan ser investigadas por una fiscalía especializada en derechos humanos. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) había solicitado previamente que la Fiscalía de Derechos Humanos asuma el caso, argumentando que se requiere una indagación exhaustiva para esclarecer las condiciones de detención del adolescente, las acusaciones de presunta tortura y las causas exactas de su muerte. La institución gremial insistió en que, por la naturaleza del hecho, la investigación debía ser conducida por un ente con competencia en violaciones de derechos fundamentales. La muerte del menor en la comisaría de Manchay ha generado una fuerte indignación en la comunidad y ha puesto en el centro del debate la actuación de los efectivos policiales durante la custodia de detenidos. La familia de la víctima ya había exigido justicia frente a la comisaría, pero fue dispersada por la Policía Nacional del Perú con gases lacrimógenos, según reportes previos. Ahora, con la nueva fiscalía a cargo, se espera que las investigaciones avancen con mayor celeridad y transparencia.

El fallecimiento del adolescente de 17 años en la dependencia policial de Manchay es un caso aún no esclarecido. La Policía Nacional (PNP) sostiene que el menor perdió la vida por “asfixia mecánica por ahorcamiento”; sin embargo, esta versión es rechazada por el padre de la víctima, Javier Cubas, quien afirmó que su hijo habría sufrido maltratos mientras permanecía bajo custodia de los uniformados. El gremio consideró que la versión de la familia sobre presuntos maltratos físicos, señales de violencia y una supuesta extorsión económica por parte de efectivos policiales “evidencian deficiencias en el respeto a los derechos humanos” que merecen ser aclaradas en un proceso con total transparencia y rigurosidad.

El ministro del Interior, José Zapata, informó que seis efectivos de la PNP de la comisaría involucrada —tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales— fueron separados de manera temporal de su cargo para evitar que interfieran en las investigaciones del caso. Asimismo, adelantó que se aplicarán acciones administrativas y penales mientras avanzan las diligencias.

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