El Perú enfrenta una coyuntura muy delicada, donde las mafias, la extorsión y la violencia exigen un Estado fuerte, concentrado en actuar con decisión. Sin embargo, cuando un candidato anuncia que no reconocerá el resultado electoral y llama a movilizaciones, el problema trasciende: lo que se cuestiona es la confianza de una parte de la ciudadanía en las instituciones y la capacidad para gobernar. La legalidad y la legitimidad no son lo mismo. Un gobierno puede ser proclamado conforme a la ley e iniciar su mandato con una legitimidad política debilitada si una parte importante del país considera que el proceso estuvo marcado por irregularidades. Esa percepción, fundada o no, tiene consecuencias políticas indeseables.

Cuando se deposita el último voto termina una etapa y comienza otra igualmente importante: la del reconocimiento del resultado por los actores y la construcción de la legitimidad del nuevo gobierno. Un gobierno obligado a dedicar sus primeras energías a responder a una crisis de legitimidad dispone de menos capacidad política para enfrentar esos desafíos. La prioridad es reconstruir la confianza nacional. La respuesta pasa por fortalecer las instituciones, respetar las vías legales para resolver las controversias y promover un gobierno de amplia base que convoque a los mejores. Cada punto de legitimidad que se pierde es un punto menos de capacidad para gobernar.

El Perú no puede darse el lujo de debilitar aún más al Estado cuando más necesita fortaleza democrática y unidad nacional. Apostemos por eso. Más que orgullos y egos necesitamos la fuerza de la unidad frente a las mafias y a la corrupción.

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