El Fenómeno El Niño ya es una realidad en el Pacífico y, con una alta probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte, el Perú se prepara para un escenario de millonarias pérdidas económicas si el Estado no acelera las medidas de prevención en los próximos meses. Un análisis del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) advierte que, de concretarse un evento fuerte, la actividad manufacturera podría perder entre S/250 millones y S/350 millones por día, más del doble de lo estimado cuando el fenómeno era proyectado como débil o moderado.
La advertencia cobra especial relevancia porque el mayor impacto se concentraría entre enero y marzo del 2027, justo cuando el nuevo Gobierno —que asumirá funciones el 28 de julio de este año— y las autoridades regionales y locales recién inicien su gestión. Los nuevos gobernadores y alcaldes asumirán el 1 de enero del 2027, precisamente cuando comenzaría la etapa más crítica del evento climático. Según el documento del IDIS, este cambio simultáneo de autoridades podría afectar la capacidad de respuesta frente a emergencias, pues se trataría de equipos recién instalados y con poco tiempo para ejecutar planes de contingencia.
El informe del Instituto de Desarrollo e Investigación (IDIS) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que la manufactura sería uno de los sectores más golpeados por un Fenómeno El Niño de gran magnitud. Inicialmente, cuando se proyectaba un evento moderado, la CCL estimó pérdidas diarias de hasta S/111,8 millones en siete regiones costeras. Sin embargo, las recientes proyecciones de un Niño fuerte cambiaron el panorama. Tomando como referencia estimaciones previas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que indican que pasar de un evento moderado a uno fuerte podría restar hasta 2,6 puntos porcentuales al crecimiento económico, el IDIS recalculó el impacto: las pérdidas manufactureras podrían dispararse hasta S/350 millones diarios.
Dentro del sector industrial, la manufactura primaria sería la más afectada por su vínculo directo con la pesca. La captura de anchoveta ya ha caído fuertemente en los últimos meses, y si el calentamiento del mar se prolonga, la producción de harina y aceite de pescado —una de las principales industrias exportadoras del país— volvería a sufrir. El informe también alerta sobre el impacto en el sector textil: en Gamarra, las altas temperaturas reducen la demanda de prendas de invierno y elevan los costos para miles de pequeñas empresas. Además, la agroindustria enfrentaría mayores dificultades por el estrés térmico en cultivos clave como mango, palta, arándanos y café.
El IDIS sostiene que el impacto no se limitaría a las actividades directamente afectadas por las lluvias o el incremento de temperatura, sino que se trasladaría a toda la cadena productiva. Una menor producción agrícola reduciría la demanda de fertilizantes, envases plásticos, sistemas de riego y otros insumos industriales, lo que afectaría a empresas ubicadas incluso fuera de las zonas de emergencia. En contraste, la construcción podría experimentar una recuperación posterior impulsada por las obras de reconstrucción de infraestructura dañada. No obstante, el instituto advierte que dicho repunte no debe interpretarse como un beneficio económico, sino como el reflejo de la falta de inversión oportuna en prevención.
El principal problema sigue siendo la ejecución del gasto preventivo. Actualmente, la ejecución presupuestal destinada a la reducción de vulnerabilidades permanece rezagada, especialmente en las regiones del norte, consideradas las más expuestas frente a un evento climático de gran intensidad. El informe señala que departamentos como Tumbes y Piura muestran bajos niveles de ejecución de recursos destinados a prevención, situación que recuerda los problemas observados durante el Niño Costero del 2017 y el ciclón Yaku. La ejecución del presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad frente a desastres continúa rezagada, especialmente en las regiones del norte.
El IDIS sostiene que el país dispone de información suficiente para anticipar el fenómeno gracias a los reportes técnicos emitidos por entidades especializadas como el ENFEN. Sin embargo, considera que las dificultades aparecen al momento de ejecutar obras, contratar servicios y coordinar entre los distintos niveles de gobierno.
Para ello, el instituto propone garantizar la continuidad de los equipos técnicos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Indeci, el Cenepred y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de modo que los cambios políticos no interrumpan la planificación. También plantea acelerar la transferencia de los recursos del crédito suplementario aprobado por el Gobierno, con prioridad para las regiones de mayor exposición como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Otra recomendación es impulsar mecanismos de aseguramiento frente a desastres, como los seguros paramétricos, y fortalecer la preparación de los gobiernos regionales y municipales antes de la temporada de lluvias. El informe advierte que, con el verano de 2027 cada vez más cerca, el país cuenta con una ventaja que no tuvo en episodios anteriores: existe suficiente anticipación para prepararse. El reto, según señala, será convertir esa información en obras de prevención y en capacidad de respuesta antes de que las lluvias comiencen a sentirse en las zonas más vulnerables.
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