La extensión de los beneficios de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) enfrenta un desafío clave: la disponibilidad del presupuesto público. Aunque el Congreso de la República ya aprobó otorgar estos derechos, el Gobierno no se opuso a la medida, pero planteó que el abono sea progresivo y alcance el 100% recién en el 2030. Esta propuesta fue incluida en el proyecto de ley de crédito suplementario enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, explicó durante su participación en la última sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que entregar todos los recursos desde el inicio podría generar desequilibrios entre entidades con capacidades financieras muy distintas. “Entendemos que es un derecho, pero hay que implementar progresivamente. No podemos permitir que unas entidades [que sí tengan recursos] paguen y otras no. Eso sería un error, se generaría un desorden en la administración pública”, remarcó.

Acuña subrayó que muchas demandas a nivel nacional, enfocadas puntualmente en cerrar brechas, no han podido ser atendidas a cabalidad porque “como parte de la composición del gasto, [los recursos] han ido asignándose más al gasto corriente, principalmente a temas de planilla”. En ese sentido, el titular del MEF aclaró que no están en contra de las decisiones de gasto adoptadas en el Congreso, pero insistió en la necesidad de encontrar fórmulas que hagan viables esas decisiones a lo largo del tiempo. “Lo que tenemos que encontrar son fórmulas que permitan que estas decisiones se hagan viables a lo largo del tiempo y que no muestren una caída tan radical en las decisiones de gasto, sobre todo en temas de inversión”, explicó.

El ministro fue enfático al señalar que los requerimientos los heredará el próximo Gobierno y que, incluso así, “el presupuesto no puede crecer a la velocidad de esas demandas”. La clave, dijo, estará en priorizar. En esa línea, recordó que cubrir la arista de beneficios para los trabajadores CAS le costaría al país S/ 57 millones solo en 2026 si se aplica la implementación progresiva. De no hacerse paso a paso, el monto ascendería a S/ 133 millones anuales. “Tenemos que tener criterios de progresividad para atender estas demandas. Cualquier otro intento puede vulnerar la fortaleza que hemos venido generando a lo largo del tiempo. Esto es lo que hemos querido plasmar en este crédito suplementario, criterios de progresividad, de priorización, atención”, acotó. De aprobarse el proyecto de crédito suplementario en el Congreso, los trabajadores CAS recibirían el 10% del beneficio este año y el porcentaje se incrementaría en los próximos. Es decir, se aplicará la gradualidad a la Ley 32563. Según el proyecto, la distribución de la CTS y las gratificaciones sería así: el 10% de la remuneración mensual en 2026; el 20% en 2027; el 30% en 2028; el 50% en 2029; y el 100% en 2030. Camila Vera Criollo

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