Es curioso, pero después de algunas semanas en las que cada rival de estas elecciones se atrincheró y defendió su posición, cerramos una semana en la que Roberto Sánchez jugó para Keiko Fujimori, mientras que la Presidencia del Congreso y la bancada naranja parecen querer darles la razón a sus contrincantes y al antifujimorismo.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha escalado su postura al punto de superar la posición fraudista que el fujimorismo mantuvo en 2021. Ahora no solo busca artilugios legales para demorar lo inevitable y anular toda la votación de los peruanos en el extranjero, sino que también inicia una lucha política con acusaciones constitucionales, promete movilizaciones en todo el país y anuncia que no reconocerá al nuevo Gobierno. En la práctica, nadie sabe qué significa esto, porque una vez proclamados los resultados, lo más probable es que la población, las instituciones, los gremios y todos los actores políticos y económicos cierren el capítulo electoral y concentren su interés en los preparativos, designaciones e intenciones del nuevo Gobierno. El problema es que el JNE no termina su trabajo (¡qué envidia nos da lo de Chile, Colombia y hasta Bolivia!), la hace larga y no cierra el bendito capítulo. Pero, cuando por fin se cierre, a lo hecho, pecho.

Como parece que el candidato del sombrero prestado no quiere “apechugar”, siempre le va a quedar el recurso de querer movilizar a ciertos grupos a nivel regional, con bloqueos de carreteras y paralizaciones en sectores como el magisterio sutepista, los transportistas, las economías ilegales u otros afines. Pero ¿Cuánto puede durar eso? ¿Y a qué apuntarían acciones como esas?

Mientras Roberto Sánchez se encamina a quedar ante el electorado como el “picón” del siglo —superando incluso a la Keiko del 2021—, los vacíos que deja ya están siendo aprovechados por otros. Jorge Nieto, Alfonso López Chau y sus figuras, y hasta Ernesto Zunini, se frotan las manos. En paralelo, los grupos de izquierda que respaldaron a Sánchez —incluyendo, quizás, a Pedro Castillo, que busca su indulto, sea de Balcázar o de Keiko Fujimori— están tomando distancia. Se preparan para reconocer los resultados y al nuevo Gobierno, llegar al Congreso, hacer campaña regional y local compitiendo entre sí, o encabezar la oposición formal y frontal a Keiko Fujimori, ocupando el sitial que, si fuera más inteligente políticamente y menos visceral, le correspondería a Sánchez.

Los únicos que pueden mantenerlo vivo políticamente son los mismos fujimoristas, en el Congreso actual o en el próximo Gobierno. Solo ellos pueden hacer que él diga: “Te lo dije”. Y parecen hacerlo, a conciencia o sin querer queriendo.

Todo lo que la Presidencia y la bancada naranja están aprobando, y parece que seguirán haciéndolo después de la segunda vuelta, empieza a sumar como pasivo del eventual Gobierno de Keiko Fujimori. Más aún cuando ella sale a respaldar leyes recién dadas, como la ahora llamada “ley de impunidad militar policial”, y la considera condición para el “orden” que prometió. Pero ¿el orden solo es posible con leyes como esa? ¿No resultará contraproducente?

La percepción de que lo dicho contra el fujimorismo en campaña tiene algo de cierto se alimenta con hechos como esos, los créditos suplementarios para el Congreso destinados a aumentos y bonos, y el alza de sueldos para los miembros de la JNJ. Todo parece contar con el aval de la nueva plancha presidencial. Solo Keiko Fujimori, con sus designaciones y anuncios iniciales, puede desmentirlo, aunque le costará que le crean.

Ella ha dicho que piensa en un gabinete plural, amplio y abierto. Ojalá que responda a criterios políticos de interés nacional y no a premios o agradecimientos por apoyos o alianzas en el Congreso o en la campaña. Para romper con el pasado reciente —la última década— y con el presente de un Parlamento tan despreciado, no sería descabellado pensar que se le ha encargado a esta Presidencia del Congreso que apruebe todas las leyes que ella no quiere aprobar ni firmar. Esas normas le servirían para lograr adhesiones y apoyos incondicionales para su gestión o para ejecutar acciones ya previstas.

El problema es que dar y apoyar públicamente leyes como estas en este Congreso, o no criticarlas ni oponerse desde la eventual Presidencia electa, puede cerrar el círculo de esa amplitud y pluralidad. Además, daría motivo y munición política para una oposición más fuerte, amplia y plural. De hecho, varios políticos y abogados de sectores que no son “caviares” ni de izquierda ya se pronuncian en contra de esas normas.

Keiko Fujimori enfrenta una agenda urgente y pendiente que incluye vencer la resistencia a un Gobierno fujimorista, la lucha contra la criminalidad, evitar el impacto del fenómeno de El Niño, solucionar los problemas graves y denuncias en EsSalud, y lograr la reconciliación política. Por eso, no puede demorarse en anunciar a su equipo de trabajo —parte del Gabinete— y sus primeras medidas. Los primeros tres meses serán claves y marcarán la actitud hacia ella y su Gobierno. Aunque ese periodo no será de luna de miel, hay que evitar que se convierta en uno de hiel.

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