En el distrito de Santa Anita, la institución educativa José María Arguedas Altamirano enfrenta una crisis que se extiende por casi una década: sus alumnos reciben clases en una losa deportiva, un espacio que originalmente servía para actividades físicas y que hoy alberga aulas prefabricadas. Más de 840 estudiantes de primaria y secundaria se ven afectados por esta situación provisional que nunca se resolvió.

El centro educativo original fue demolido tras ser declarado inhabitable por riesgo estructural, lo que obligó al traslado de la comunidad escolar a ese espacio improvisado. Desde entonces, la medida temporal se mantiene sin cambios, pese a las visitas de autoridades y los anuncios de intervención que nunca se concretaron. Los padres de familia cuestionan la falta de avances en la construcción del nuevo local.

“Nos informaron que la obra iniciaría en septiembre, pero luego nos dijeron que no existe presupuesto confirmado. Ya son diez años y nuestros hijos siguen en estas condiciones”, expresó una madre de familia. Las condiciones climáticas agravan el problema: el calor, el frío y las lluvias afectan el normal desarrollo del aprendizaje en este espacio provisional.

Según los apoderados, el proyecto de reconstrucción ya cuenta con aprobación del sector Educación y ha cumplido todos los trámites administrativos correspondientes. Sin embargo, la falta de presupuesto continúa frenando el inicio de la obra. Por ello, los padres han realizado pedidos formales al Gobierno y al Ministerio de Economía para acelerar la asignación de recursos, y solicitan la intervención del Congreso para viabilizar un crédito suplementario que permita ejecutar la reconstrucción lo antes posible.

Riesgo estructural del antiguo plantel

Lo que comenzó como una solución provisional para los estudiantes de Santa Anita se ha prolongado por una década. El antiguo local escolar fue declarado en condición de peligro por serias deficiencias en su infraestructura, lo que obligó a un traslado inmediato a espacios temporales que, con el paso del tiempo, se han vuelto permanentes. Los padres advierten que no existen garantías suficientes para mantener el dictado de clases en un entorno no diseñado como colegio, y denuncian que la educación de los menores no puede seguir en pausa ni bajo condiciones improvisadas.

La comunidad educativa insiste en que los estudiantes continúan asistiendo diariamente a clases en un espacio que no ofrece la seguridad ni la infraestructura adecuada para su formación. La situación prolongada genera preocupación generalizada, pues lo que inicialmente se planteó como una medida temporal ha derivado en una realidad que, según denuncian, pone en riesgo tanto la integridad como el aprendizaje de los menores. Los padres exigen la intervención del Estado ante la falta de avances concretos para dotar a los alumnos de un plantel digno y seguro.

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