Poder Judicial impulsa iniciativa para que gobiernos regionales inviertan de forma indefinida en infraestructura judicial

En el I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Fortalecer el Sistema de Justicia, la presidenta de la Sala Plena de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, anunció que presentará una iniciativa legislativa para habilitar de manera indefinida a los gobiernos regionales y locales a desarrollar proyectos de inversión pública que fortalezcan el servicio de justicia. El evento reunió a juezas, jueces, gobernadores y alcaldes de diversas tiendas políticas para concretar acuerdos en beneficio del país. Tello Gilardi explicó que esta propuesta complementará la Ley 32513 del Presupuesto del Sector Público, que actualmente solo permite —para el año fiscal 2026— a los gobiernos regionales y locales intervenir en favor del Poder Judicial, desde la formulación de proyectos hasta el financiamiento y ejecución de infraestructura judicial. “Cuando un gobierno regional o local invierte en infraestructura judicial es un dos más dos que fortalece la seguridad ciudadana, combate a la criminalidad, genera confianza institucional, impulsa el desarrollo local y, por supuesto, garantiza la tutela jurisdiccional efectiva”, afirmó. La magistrada también señaló que el Poder Judicial pondrá a disposición sus equipos técnicos especializados. “Desde el Poder Judicial ponemos a disposición a nuestros equipos técnicos especializados, desde la etapa de formulación hasta la ejecución de los proyectos, garantizando que cada inversión tenga impacto directo en el acceso a la justicia y en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, expresó.

Brecha de infraestructura judicial en el Perú es una herida abierta

El Poder Judicial avanza en un proceso de modernización sin precedentes, pero la tecnología requiere soporte físico y una infraestructura segura, funcional e interoperable, como en el caso de las unidades de flagrancia promovidas por la institución, según ratificó Tello Gilardi. “La brecha de infraestructura judicial en el Perú es una herida abierta y no hay acceso real a la justicia cuando un ciudadano debe recorrer largas distancias para llegar a un juzgado, ni cuando jueces y servidores deben trabajar en locales que no reúnen condiciones mínimas de dignidad y seguridad”, dijo.

El planteamiento del Poder Judicial, según destacó la titular, busca reforzar el ordenamiento jurídico nacional que brinda las herramientas para que esta institución avance de manera articulada con los gobiernos regionales y locales. Recalcó que la misión constitucional de administrar justicia solo puede cumplirse plenamente cuando existen condiciones materiales mínimas como infraestructura adecuada, conectividad, tecnología, recursos humanos y la cercanía a las personas. “Con esta propuesta, vamos a dejar un camino definido de aquí adelante; no buscamos edificaciones suntuosas, buscamos sedes funcionales, conectadas, donde puedan coexistir todas las instituciones”, sostuvo.

Por ejemplo, mencionó la Ley 27867 que faculta a los gobiernos regionales administrar y disponer de los bienes de su propiedad, pudiendo autorizar la donación o sesión en uso de inmuebles en favor de entidades públicas, como el Poder Judicial, siempre que se acredite el interés público.

La titular del Poder Judicial aclaró que los convenios de cooperación con gobiernos regionales y locales “de ninguna manera implican afectación alguna a la independencia de los administradores de justicia”. En esa línea, recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) autoriza a los consejos municipales a aprobar la donación o sesión en uso de bienes inmuebles a favor de entidades públicas. “La propia ley permite la donación o permuta de bienes municipales de los poderes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial, lo que durante estos años se ha venido dando por parte de los alcaldes y de los gobiernos regionales, en cuanto a la donación y sesión por ejemplo de terrenos”, indicó. Además, señaló que la normativa de inversión pública vigente autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión destinados a reducir la brecha de infraestructura tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, previa suscripción de convenios específicos. Este marco se complementa con las disposiciones del Sistema Nacional de Bienes Estatales, regulado por el Decreto Legislativo N.º 1439 y la Ley N.º 29151, que permiten la transferencia y administración eficiente de predios destinados a servicios públicos esenciales, como la justicia. “Las normas están dadas, el marco legal es claro, el momento es ahora; la historia no recordará los presupuestos que no se ejecutaron, que retornan al tesoro público, cuando perfectamente se podría invertir en infraestructura para el Poder Judicial”, afirmó.

El encuentro, en el que se evaluaron los resultados del Poder Judicial durante 2025 y se definieron las proyecciones y prioridades para 2026, fue clausurado por Johnny Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Se desarrolló del 28 al 30 de enero en el edificio Carlos Zavala, en Lima, en el marco de la Reunión Anual 2026 de presidentas y presidentes de las Cortes Superiores del país, así como de gerentes y jefes de administración distrital.

Durante su intervención, la jueza suprema Janet Tello recordó a los gobernadores regionales y locales que la justicia no se construye solo desde los códigos ni los tribunales, sino también desde el territorio y la presencia concreta del Estado donde más se necesita. “La historia no recordará los presupuestos sin ejecutar, sino las decisiones que se tomaron cuando la oportunidad estuvo presente; los colores políticos pasan, las gestiones concluyen, pero una obra permanece y cuando esta obra está al servicio de la población, dura para toda la vida”, puntualizó.

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