La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al exprimer ministro César Villanueva a cuatro años de prisión efectiva. La condena responde al delito de tráfico de influencias, al haber instigado a dos fiscales para que gestionaran un contacto en el Equipo Especial del caso Lava Jato, específicamente en el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche. El objetivo era acelerar una investigación que se le seguía por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht cuando era gobernador regional de San Martín.

Junto a Villanueva, el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado recibió seis años de prisión efectiva, el fiscal provincial adjunto Ronald Chafloque Chaves fue condenado a cuatro años y el empresario José Santisteban Zurita a tres años. Todos fueron hallados culpables de tráfico de influencias por buscar y lograr un acercamiento con Juárez Atoche.

Según la investigación fiscal, en septiembre de 2019, Villanueva y su amigo Santisteban contactaron al fiscal Rossel Alvarado y a su hijo, Alberto Rossel Obando. El hijo asumiría la defensa legal del expremier, mientras que el padre empleaba sus influencias en el Ministerio Público para llegar al Equipo Especial. Aunque no fue investigado, el 80% del relato de la sentencia se refiere al fiscal adjunto del equipo especial Alexander Taboada.

En la misma línea, lograron sumar a la red al fiscal adjunto de Lima Norte Ronald Chafloque, quien años antes había trabajado con Alexander Taboada Guardia, en ese momento fiscal adjunto de confianza de Juárez Atoche. Tras varias llamadas telefónicas, el 11 de octubre de 2019, el grupo consiguió reunirse con Taboada. De acuerdo con las comunicaciones, el hombre de Juárez les confirmó que tenía la carpeta de Villanueva y habría aceptado ayudarlos a acelerar las investigaciones.

Un mes y 11 días después, el 22 de noviembre de 2019, el fiscal Germán Juárez emitió la disposición N.° 1, basada en el proyecto elaborado por Taboada, que daba inicio a las diligencias preliminares contra Villanueva por su participación en un contrato otorgado a Odebrecht para la construcción de una carretera en la región San Martín. Oficialmente, el 25 de noviembre de 2019, Juárez Atoche asignó a Taboada el manejo de la carpeta fiscal 28-19 sobre Villanueva.

Durante las investigaciones, tras conocerse los encuentros entre Villanueva y el fiscal Rossel, Juárez declaró que, si bien la carpeta se inició formalmente el 22 de noviembre, desde agosto había encargado a su adjunto hacerse cargo de las indagaciones preliminares. Esa versión le dio a Taboada la coartada perfecta para quedar fuera de sospecha.

Este miércoles, la actuación del fiscal Germán Juárez es puesta en duda al revelarse que un supuesto intermediario habría solicitado US$1 millón a un postulante a colaborador eficaz para ayudarlo en el proceso. La duda se agrava cuando la fiscal adjunta Mayra Melgar, quien reemplazó a Alexander Taboada, denuncia que Juárez habría alterado una carpeta de colaboración eficaz en busca de una coartada. En otras circunstancias, la reunión del 11 de octubre habría sido sustento suficiente para que Taboada también fuera investigado y procesado, pero esto no sucedió, quizás por el enorme poder que tenía el Equipo Especial Lava Jato por esos años.

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