ONU exige a la JNJ detener procesos disciplinarios contra jueces que inaplicaron ley de impunidad en crímenes de lesa humanidad

Este 25 de junio, dos expertos de Naciones Unidas solicitaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que frene los procesos disciplinarios abiertos contra magistrados peruanos que inaplicaron la prescripción de crímenes de lesa humanidad. En un pronunciamiento conjunto, los relatores especiales Bernard Duhaime y Margaret Satterthwaite pidieron que no se inicien ni continúen procedimientos contra jueces que resolvieron casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Los expertos advirtieron que estas acciones afectan la autonomía judicial y el acceso a la justicia de las víctimas. Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, expresaron su preocupación por las investigaciones abiertas contra los jueces. Ambos señalaron que las autoridades peruanas deben garantizar condiciones para que los magistrados ejerzan sus funciones sin presiones externas ni interferencias de carácter político. Además, cuestionaron las leyes que establecen prescripción y amnistía en casos de graves violaciones de derechos humanos. Los relatores manifestaron su respaldo a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz, así como a los magistrados de la Corte Suprema que emitieron una resolución relacionada con el caso de las esterilizaciones forzadas. Según indicaron, estos jueces sostuvieron que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar sin sanción por el transcurso del tiempo. La ONU considera que los procedimientos disciplinarios contra estos magistrados vulneran la independencia judicial y el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Relatores recuerdan obligaciones internacionales del Estado peruano

En su pronunciamiento, los relatores de Naciones Unidas señalaron que las normas internacionales establecen criterios estrictos para la suspensión o destitución de jueces. De acuerdo con esos estándares, una sanción solo puede aplicarse por faltas graves o por incapacidad comprobada, mediante procedimientos imparciales y con garantías de debido proceso. Los expertos indicaron que numerosos magistrados rechazaron pedidos de amnistía y prescripción presentados en procesos por violaciones de derechos humanos, y para sustentar esas decisiones recurrieron a obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano mediante tratados y convenios vigentes.

Sin embargo, varias de esas resoluciones quedaron bajo evaluación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los relatores consideraron preocupante que el contenido de fallos judiciales termine sometido a procedimientos disciplinarios, debido al impacto que ello puede tener en la actuación de otros magistrados. "La apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas", afirmaron los especialistas en el documento.

La preocupación de Naciones Unidas también alcanza a dos normas aprobadas recientemente en el país. Una de ellas permite aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad y de guerra, mientras que la otra concede amnistía a integrantes de las fuerzas de seguridad procesados por graves vulneraciones de derechos fundamentales. Ambas leyes ya habían sido observadas anteriormente por mecanismos internacionales de derechos humanos.

Los expertos de la ONU recordaron que el derecho internacional prohíbe medidas que impidan investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, y subrayaron que los Estados tienen el deber de asegurar mecanismos efectivos para que las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación. En ese marco, exhortaron al Perú a revisar las disposiciones que han generado cuestionamientos dentro y fuera del país y solicitaron fortalecer las garantías para que los operadores de justicia puedan resolver casos complejos sin temor a represalias. El comunicado también menciona el caso del juez Oswaldo Ordóñez, quien no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia después de participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación ya había sido observada anteriormente por expertas de Naciones Unidas. Para los relatores, este antecedente evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para magistrados que intervienen en procesos relacionados con derechos humanos. La independencia judicial, señalaron, constituye un elemento esencial para el funcionamiento del Estado de derecho. Finalmente, los expertos informaron que mantienen comunicación con el Gobierno peruano sobre estas preocupaciones y reiteraron su disposición para brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales, con el fin de asegurar que las leyes y políticas públicas sean compatibles con los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

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