Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que continuarán participando en operativos de seguridad para combatir delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, sicariato y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a informes elaborados por la Policía Nacional que advierten que Lima y Callao continúan enfrentando una grave perturbación del orden interno debido a la presencia de organizaciones criminales y al incremento de hechos violentos. La nueva ampliación busca contrarrestar la persistencia de homicidios y extorsiones que afectan a ambas jurisdicciones.
La solicitud de ampliación fue presentada por la Comandancia General de la PNP mediante un oficio del 22 de junio, respaldado en reportes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao. Dichos documentos indican que los delitos de homicidio, extorsión y sicariato mantienen niveles elevados de incidencia, lo que genera una permanente sensación de inseguridad entre la ciudadanía.
Como parte del estado de emergencia, se mantienen vigentes las medidas excepcionales del artículo 137 de la Constitución, que permiten restringir o suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Además, los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y otras actividades públicas deberán contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, en cumplimiento de las normas de seguridad para espectáculos y edificaciones.
La norma también precisa que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la legislación sobre el uso de la fuerza.
La PNP definirá las zonas de intervención prioritaria basándose en inteligencia, estadísticas delictivas, mapas del delito e indicadores de criminalidad, con el fin de concentrar los operativos en los sectores con mayor incidencia de hechos violentos. Al término de la prórroga de 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar al Ministerio del Interior un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Luego, ese reporte será enviado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
Esta nueva ampliación marca la continuidad de las medidas extraordinarias que el Gobierno adoptó desde febrero de 2026, cuando declaró por primera vez el estado de emergencia en Lima y Callao ante el avance de la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, pese a las sucesivas extensiones de la medida, los casos de extorsión, asesinatos y ataques vinculados a bandas criminales seguían registrándose en diversos distritos de la capital y el primer puerto.
Gobierno extiende estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días desde el 28 de junio
3h ago · 5 vistas
El Gobierno peruano oficializó este jueves 25 de junio, mediante el Decreto Supremo N.º 096-2026-PCM publicado en El Peruano, una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario. La medida regirá desde el 28 de junio y se extenderá hasta finales de agosto, con el objetivo de reforzar las acciones contra la delincuencia común y el crimen organizado.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que continuarán participando en operativos de seguridad para combatir delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, sicariato y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a informes elaborados por la Policía Nacional que advierten que Lima y Callao continúan enfrentando una grave perturbación del orden interno debido a la presencia de organizaciones criminales y al incremento de hechos violentos. La nueva ampliación busca contrarrestar la persistencia de homicidios y extorsiones que afectan a ambas jurisdicciones.
La solicitud de ampliación fue presentada por la Comandancia General de la PNP mediante un oficio del 22 de junio, respaldado en reportes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao. Dichos documentos indican que los delitos de homicidio, extorsión y sicariato mantienen niveles elevados de incidencia, lo que genera una permanente sensación de inseguridad entre la ciudadanía.
Como parte del estado de emergencia, se mantienen vigentes las medidas excepcionales del artículo 137 de la Constitución, que permiten restringir o suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Además, los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y otras actividades públicas deberán contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, en cumplimiento de las normas de seguridad para espectáculos y edificaciones.
La norma también precisa que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la legislación sobre el uso de la fuerza.
La PNP definirá las zonas de intervención prioritaria basándose en inteligencia, estadísticas delictivas, mapas del delito e indicadores de criminalidad, con el fin de concentrar los operativos en los sectores con mayor incidencia de hechos violentos. Al término de la prórroga de 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar al Ministerio del Interior un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Luego, ese reporte será enviado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
Esta nueva ampliación marca la continuidad de las medidas extraordinarias que el Gobierno adoptó desde febrero de 2026, cuando declaró por primera vez el estado de emergencia en Lima y Callao ante el avance de la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, pese a las sucesivas extensiones de la medida, los casos de extorsión, asesinatos y ataques vinculados a bandas criminales seguían registrándose en diversos distritos de la capital y el primer puerto.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que continuarán participando en operativos de seguridad para combatir delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, sicariato y otras modalidades vinculadas al crimen organizado.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a informes elaborados por la Policía Nacional que advierten que Lima y Callao continúan enfrentando una grave perturbación del orden interno debido a la presencia de organizaciones criminales y al incremento de hechos violentos. La nueva ampliación busca contrarrestar la persistencia de homicidios y extorsiones que afectan a ambas jurisdicciones.
La solicitud de ampliación fue presentada por la Comandancia General de la PNP mediante un oficio del 22 de junio, respaldado en reportes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao. Dichos documentos indican que los delitos de homicidio, extorsión y sicariato mantienen niveles elevados de incidencia, lo que genera una permanente sensación de inseguridad entre la ciudadanía.
Como parte del estado de emergencia, se mantienen vigentes las medidas excepcionales del artículo 137 de la Constitución, que permiten restringir o suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Además, los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y otras actividades públicas deberán contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes, en cumplimiento de las normas de seguridad para espectáculos y edificaciones.
La norma también precisa que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán ejecutarse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la legislación sobre el uso de la fuerza.
La PNP definirá las zonas de intervención prioritaria basándose en inteligencia, estadísticas delictivas, mapas del delito e indicadores de criminalidad, con el fin de concentrar los operativos en los sectores con mayor incidencia de hechos violentos. Al término de la prórroga de 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar al Ministerio del Interior un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia. Luego, ese reporte será enviado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones correspondientes.
Esta nueva ampliación marca la continuidad de las medidas extraordinarias que el Gobierno adoptó desde febrero de 2026, cuando declaró por primera vez el estado de emergencia en Lima y Callao ante el avance de la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, pese a las sucesivas extensiones de la medida, los casos de extorsión, asesinatos y ataques vinculados a bandas criminales seguían registrándose en diversos distritos de la capital y el primer puerto.
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