El congresista por Puno Carlos Zeballos Madariaga —elegido por Acción Popular y que luego integró las bancadas de Podemos Perú, Perú Democrático y Bloque Democrático Popular— enfrenta una acusación por un presunto caso de corrupción. Según la imputación de la fiscal de Puno, Ángela Catacora Aguirre, el legislador cobró dinero del Estado por un servicio que nunca prestó.
La investigación fiscal se centró en la construcción de una obra de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca. Allí se detectó una planilla en la que aparece Zeballos, a quien le abonaron honorarios por la elaboración del expediente técnico del proyecto. Sin embargo, cuatro meses antes de su contratación —cuando aún no era congresista— ese expediente técnico ya existía y el municipio juliaqueño ya lo había pagado. Además, según las fechas corroboradas por la fiscal Catacora, la construcción comenzó apenas un día después de la aprobación del estudio que presentó Zeballos.
La investigación fiscal se centra en la obra “Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la avenida Independencia, tramo avenida Circunvalación”, entregada por administración directa en 2013, sin licitación. Recién ahora la Fiscalía de Puno ha emprendido las diligencias. Según la tesis del Ministerio Público, el congresista Carlos Zeballos habría cobrado S/. 3,048 de manera irregular. “El imputado (Carlos Zeballos), con pleno conocimiento de que no realizó labor efectiva alguna, plasmó su firma y huella digital en las planillas de pago, validando así el desembolso irregular a su favor la suma de S/. 3,048”, señala la fiscal.
El legislador, sin embargo, negó los cargos. “Yo nunca hice un proyecto para ninguna avenida Independencia en Juliaca. Ni he cobrado ningún monto por esa obra, ni tengo recibo alguno girado a mi nombre. Es más, 2013 yo no trabajé en el sector público. No he laborado en el municipio de San Román en ese año”, explicó Zeballos, quien aseguró desconocer que era investigado y haber recibido pago alguno como proyectista.
La fiscalía también apunta a otros cinco proyectistas que habrían recibido pagos irregulares: Saúl Cahuaya Ruelas, Carlos Hervas Vilca, Henver Huanacuni Jarecca, René Huanacuni Tarqui y Johon Larico Ajata. Además, la investigación señala una presunta coordinación con funcionarios municipales para hacer posible el cobro. Entre ellos figuran el residente de obra José Capcha Muzzo; el subgerente de Tesorería y responsable de la administración de los fondos municipales, Adrián Flores Salcedo; y el entonces subgerente de Recursos Humanos, Alfredo Hallasi Quispe.
La fiscal Ángela Catacora investiga a 38 personas, además del congresista Carlos Zeballos, por los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso en agravio de la Municipalidad Provincial de San Román. De ese total, nueve son personal y 29 son personas naturales. La fiscalía ha citado al congresista en condición de investigado para que rinda su declaración este lunes 29 de junio. Según el Ministerio Público, el proceso de pago a Zeballos siguió una cadena administrativa que involucró al residente de obra, supervisores, Recursos Humanos y Tesorería. El residente de obra, José Capcha, elaboró los controles de asistencia, que luego fueron validados por las áreas de Supervisión y Recursos Humanos antes de que Tesorería emitiera el comprobante de pago. Además, se señala que el cheque era cobrado por el intermediario Richard Quispe Ccori, quien distribuía los fondos entre los supuestos beneficiarios.
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