José Luis Rodríguez Zapatero solicita la nulidad total del caso Plus Ultra por presunta vulneración de sus derechos fundamentales

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido formalmente "la nulidad general de las actuaciones" del denominado caso Plus Ultra, en el que se encuentra imputado, al argumentar que durante el proceso se han violado varios de sus derechos fundamentales y que se incluyó en la causa una "prueba ilícitamente analizada".

La solicitud fue presentada mediante un nuevo escrito de su defensa ante la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso la agencia EFE. En el documento, el abogado Víctor Moreno Catena plantea un incidente de nulidad de actuaciones al considerar que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, entre otros.

Según la defensa, el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados, en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que no se ajustaban al marco legal, y con maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante". En esa línea, sostienen que "la nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la pesquisa —que comenzó en un juzgado de Madrid— y "germina en actuaciones policiales" y de la Fiscalía, lo que "arrastra" el resto del procedimiento.

Zapatero, quien se convirtió en el primer exjefe del Ejecutivo español en ser investigado por la justicia, declaró la semana pasada en esta causa. Es investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. A esos cargos se suman otros por un posible delito fiscal y contrabando, relacionados con casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, pese a no tener competencia para ello, ha solicitado a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones ocurridas en el caso Plus Ultra y que identifiquen a los responsables. En un auto, Calama advierte sobre "la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".

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