Con el objetivo de retrasar lo que consideran un desenlace inevitable, el partido Juntos por el Perú (JP) y sus aliados de izquierda han puesto en marcha una estrategia que combina acciones políticas y judiciales para impedir el triunfo de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La ofensiva se concentra en tres frentes: el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el ámbito legislativo, la primera arremetida fue la presentación de una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja Ríos. El pedido, que ingresó ayer, cuenta con 17 firmas de congresistas de diversas bancadas: 7 de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, 4 de la Bancada Socialista, 3 del Bloque Democrático Popular, 1 de Somos Perú y dos No Agrupados. Entre los firmantes destacan el candidato presidencial Roberto Sánchez, Sigrid Bazán, Héctor Valer, Margot Palacios, Isabel Cortez y Bernardo Quito.

La moción exige que el canciller se pronuncie sobre los cuestionamientos a su gestión durante el proceso electoral de 2026. Según el documento, la interpelación responde a presuntas irregularidades operativas, como la solicitud de la Cancillería a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para eliminar la digitalización de las actas de votación en el extranjero para el balotaje. Los parlamentarios consideran que este cambio normativo vulnera la transparencia, la soberanía del voto y el principio de intangibilidad electoral.

Además, los firmantes denuncian demoras excesivas en el traslado de actas físicas desde Argentina y la supuesta convocatoria irregular de 234 ciudadanos voluntarios en el consulado de Los Ángeles. Paralelamente, la ofensiva legislativa incluye el pedido para crear una comisión investigadora. Esta moción fue presentada el pasado 23 de junio por la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial y está pendiente de evaluación por el Consejo Directivo del Congreso.

El congresista Wilson Quispe, junto con los legisladores Víctor Cutipa, Elías Varas, Alfredo Pariona y Bernardo Quito, presentó una propuesta para crear la “Comisión Investigadora Encargada de Investigar los Presuntos Actos de Injerencia, Interferencia e Irregularidades que habrían Afectado la Transparencia e Integridad del Proceso de Segunda Vuelta Electoral 2026”. La iniciativa busca que el Parlamento indague si hubo acciones que, según sus promotores, afectaron la transparencia de los sufragios. De prosperar, la comisión deberá recopilar información y establecer responsabilidades políticas sobre los hechos denunciados.

A esta iniciativa se suma una denuncia constitucional presentada por Pablo Salas, personero legal de JP, contra el canciller Pareja. La acusación propone una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos y se sustenta en 14 supuestos hechos relacionados con su actuación durante la segunda vuelta electoral. Entre estos están la participación de la Cancillería en el manejo del voto extranjero, las modificaciones aplicadas al procedimiento de transmisión de actas, la presunta afectación a la transparencia electoral y el papel atribuido al embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, dentro del contexto electoral. La denuncia, según la organización política, debe ser investigada por el Congreso para determinar si existieron responsabilidades constitucionales del titular de Relaciones Exteriores.

En el plano judicial se concentran tres acciones vinculadas al escenario posterior al balotaje. Dos de ellas fueron impulsadas por la defensa de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, mientras que una tercera fue presentada por un ciudadano a quien relacionan con el entorno de Antauro Humala. La primera acción es la demanda de amparo presentada por Walter Ayala, abogado de Sánchez, contra la resolución emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que modificó el sistema de transmisión de actas del voto extranjero.

En paralelo, la defensa de JP ha presentado seis recursos de nulidad contra los resultados del escrutinio, todos declarados improcedentes por los órganos electorales. El caso más reciente demandó la nulidad global de todas las mesas de sufragio instaladas en las sedes consulares de los cinco continentes. Otro expediente apuntó a 647 mesas distribuidas en Estados Unidos, y un pedido distinto agrupó diversas mesas de sufragio de las ciudades de Chicago, Houston y New Jersey. En otro recurso se exigió la anulación de 294 mesas de sufragio ubicadas en la República Argentina. Todo esto se suma, cabe recordar, a la impugnación de 1,751 mesas de la provincia de Lima por presunto fraude estadístico.

Los Jurados Electorales Especiales sustentaron el rechazo de las seis solicitudes en graves deficiencias de carácter formal, como la presentación extemporánea y la falta del pago de tasas oficiales. “No estamos pidiendo que se declaren nulas las elecciones en el extranjero. Estamos pidiendo que los votos que han roto la cadena de custodia y el principio de transparencia no se apliquen al conteo final para cuando se proclame al ganador de estas elecciones”, declaró Ayala a RPP. El abogado también presentó una medida cautelar al Poder Judicial con el objetivo de impedir que las actas cuestionadas sean incorporadas al resultado final antes de la proclamación presidencial.

La tercera acción judicial corresponde al hábeas corpus presentado por Tomás Soldevilla contra Keiko Fujimori y entes electorales. El Segundo Juzgado Constitucional admitió a trámite el recurso, que solicita suspender una eventual proclamación de Fujimori mientras se evalúa un cuestionamiento sobre una presunta doble nacionalidad japonesa. La demanda sostiene que hay dudas sobre la situación jurídica de la candidata debido a sus vínculos familiares con el registro japonés conocido como koseki.

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