El Gobierno promulgó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 a través del Decreto Supremo 001-2026-IN, instrumento que busca ordenar y articular la respuesta del Estado frente al avance de la delincuencia. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó este lunes que el documento ya se venía trabajando desde la gestión anterior, encabezada por José Jerí.
“No solo es un plan del Ejecutivo, es un plan en el que han participado los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Ese plan se ha aprobado a sugerencia de ellos. Hubieron sugerencias adicionales y algunas se han incorporado y otras se han propuesto para ser atendidas paulatinamente”, explicó la titular de la PCM.
El plan contempla 132 intervenciones estratégicas, de las cuales 49 estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú en labores preventivas, de inteligencia, investigación criminal y apoyo a estados de emergencia focalizados. Asimismo, se plantean objetivos estratégicos y ejes de intervención con enfoque territorial y de gestión por resultados, priorizando la reducción de delitos violentos como la extorsión y los homicidios, así como el combate a la criminalidad organizada.
Miralles también anunció que entre el 18 y el 20 de marzo se dispondrá de 6 mil nuevos efectivos policiales en todo el país. “Dos mil de los cuales son de la especialidad de criminalística. No son solo efectivos, son profesionales especializados; lo que va a mejorar la lucha contra la delincuencia”. Además, señaló que se decidió que un gran número de oficiales de la Policía se integre al patrullaje en las diferentes ciudades.
El plan, de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y todas las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), también involucra a sectores como Justicia, Educación, Cultura y Transportes en la prevención y control del delito. Su implementación se financiará con los presupuestos institucionales vigentes, sin crear nuevos fondos, conforme a las leyes anuales de presupuesto. En el plano operativo, el plan contempla fases de intervención, responsabilidades institucionales claras y mecanismos de coordinación intersectorial, con metas que buscan mejorar la capacidad de reacción del Estado y recuperar espacios públicos para la ciudadanía. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, deberá aprobar en un plazo máximo de diez días hábiles los mecanismos de seguimiento y evaluación, mediante resolución ministerial. El decreto está refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y los titulares del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Cultura, Educación y Transportes y Comunicaciones, lo que evidencia su carácter multisectorial. El Ejecutivo ha anunciado que el anexo con el detalle del plan se publicará en las plataformas oficiales del Estado, mientras el Gabinete afina las medidas complementarias para su ejecución en coordinación con gobiernos regionales y municipalidades.
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