De cara a las elecciones del 4 de octubre, un grupo de autoridades regionales y municipales que no pueden reelegirse buscarán permanecer en el cargo bajo una nueva gestión. Ante este escenario, la Contraloría General advierte que existe una inclinación a realizar gastos sin el control adecuado.

El órgano de control identificó a diez gobiernos regionales que no incluyen en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional pueda fiscalizar su gestión. Se trata de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Según la normativa vigente, los gobiernos regionales deben destinar al Consejo Regional al menos el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios de los recursos ordinarios. La Contraloría detalla que esto es “con la finalidad de que cuenten con la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus funciones de fiscalización”. Sin embargo, al 15 de junio de 2026, advierte el ente de control, no se está cumpliendo con esa obligación legal.

Los informes de control revelan que los diez gobiernos regionales debieron asignar un mínimo de S/ 12,406,295 para las actividades de fiscalización de sus consejos regionales. No obstante, solo se verificó una asignación de S/ 6,646,197, lo que representa apenas el 53.6% (en promedio) de lo que corresponde según la Ley n.° 31812.

La Contraloría General realizó el trabajo de control entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2026. Como resultado, ha comunicado a los titulares de los gobiernos regionales los hallazgos para que adopten medidas preventivas y correctivas de manera oportuna. De no asignarse los recursos necesarios, advierte la Contraloría, existe el riesgo de limitar la función fiscalizadora de los consejeros regionales.

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