La reciente designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora de Doe Run Perú (DRP) ha llevado a los acreedores laborales a solicitar que, como primera medida, se realice una auditoría externa e independiente que revise la gestión de los últimos años. El pedido surge luego de que Indecopi sancionara al anterior liquidador y a su apoderado por gastos no sustentados.
“Después de tantos años, una auditoría independiente ayudaría a esclarecer decisiones, ordenar la información y garantizar que lo que resta del proceso avance con la máxima transparencia”, señaló Edgar Beltrán, secretario de Economía de la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados de Doe Run Perú.
Doe Run Perú, que operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, ingresó en insolvencia en 2009 y desde 2010 está bajo un proceso concursal que ha atravesado múltiples etapas, diversos liquidadores y decisiones administrativas de alto impacto. En este periodo se ejecutaron operaciones sobre activos mineros y ambientales, daciones en pago, remates y transferencias vinculadas al Plan de Cierre de Minas, lo que generó cuestionamientos entre distintos grupos de acreedores.
La solicitud de los acreedores laborales se sustenta precisamente en la sanción de Indecopi contra el anterior liquidador, lo que refuerza la necesidad de esclarecer las decisiones tomadas y ordenar la información disponible para garantizar transparencia en el proceso.
Los acreedores laborales de Doe Run Perú, organizados en la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados, insisten en que una auditoría independiente permitiría ordenar la información, verificar la documentación de decisiones pasadas y establecer un punto de partida claro para la nueva administración del proceso. Esto ocurre luego de que la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi decidiera el reciente ingreso de Alva Legal Asesoría Empresarial como entidad liquidadora. “Una verificación independiente permitiría asegurar que las decisiones futuras se basen en información completa y debidamente contrastada”, señaló Beltrán. En esa línea, el representante añadió que, dada la antigüedad y complejidad del procedimiento, así como la relevancia patrimonial de los activos involucrados, una auditoría podría evaluar la razonabilidad de operaciones realizadas en etapas previas, como daciones en pago, transferencias de bienes, uso de fondos y la administración del fideicomiso ambiental.
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