La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República ha desplazado el debate político hacia los desafíos que enfrentará su administración desde los primeros meses. Entre los temas que más inquietan a la ciudadanía y que fueron señalados por congresistas de diversas bancadas figuran la seguridad, las brechas sociales, la prevención ante el fenómeno de El Niño y la gobernabilidad.

Para el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, la prioridad del nuevo gobierno debe ser devolver la estabilidad al país y atender las demandas más urgentes de la población. El legislador sostuvo que los peruanos esperan soluciones frente a la inseguridad ciudadana, la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño y la mejora de las condiciones económicas. En ese sentido, consideró que el país requiere un periodo de tranquilidad política que permita abordar estos problemas sin generar nuevos escenarios de confrontación.

“Lo que vamos a tener es estabilidad y tranquilidad. Ya lo dije, la lucha contra la delincuencia, el fenómeno de El Niño y bueno, muchos otros problemas más que espero que el gobierno vaya a resolver de la manera más adecuada y más beneficiosa para todos los peruanos”, expresó Rospigliosi ante la prensa. La lucha contra la delincuencia, que en los últimos años se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, es uno de los ejes que el próximo gobierno deberá atender con urgencia, según el parlamentario.

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, centró su atención en las demandas del sur del país, una zona que, según dijo, arrastra brechas sociales históricamente postergadas. Para el legislador, el próximo gobierno debe implementar “un shock de inversiones en infraestructura” y reforzar los programas sociales dirigidos a esa región, de modo que la población perciba “el beneficio directo” y la preocupación del Ejecutivo. Bazán advirtió que la conflictividad social podría escalar en los próximos meses y consideró urgente “el diálogo constante con los líderes sociales” para generar confianza y evitar nuevas protestas. “Creo yo que las protestas no van a ser en julio”, planteó.

En contraste, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, se mostró escéptico sobre el rumbo que tomará la próxima administración. Cuestionó que demandas sociales como las mejoras salariales de los trabajadores CAS sean resueltas bajo criterios de disciplina fiscal, lo que, a su juicio, podría limitar la atención a necesidades urgentes. Mientras Bazán apuesta por un acercamiento preventivo y un plan de inversiones focalizado en el sur, Cruz pone en duda la voluntad política del nuevo gobierno para atender reclamos que requieren un gasto público mayor. Ambas posturas reflejan las tensiones que rodearán a la gestión entrante, entre la urgencia de cerrar brechas y las restricciones económicas.

El senador electo Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, consideró durante una visita al Parlamento este miércoles que la legislatura culmina con aspectos rescatables, aunque reconoció que arrastra cuestionamientos que han deteriorado la imagen de la institución. Entre los puntos más críticos, señaló el uso excesivo de la semipresencialidad durante el último periodo legislativo y sostuvo que el nuevo Congreso deberá retomar una dinámica con mayor presencia de parlamentarios en comisiones y sesiones plenarias.

Más allá de los desafíos del Ejecutivo, algunos legisladores pusieron la mirada en el funcionamiento del Parlamento que iniciará funciones junto al nuevo gobierno. El parlamentario advirtió sobre el riesgo de que las protestas sociales sean abordadas desde una lógica de confrontación en lugar de diálogo, lo que podría profundizar las tensiones políticas y sociales. “Un desafío muy importante para el país porque estamos ante un gobierno que va a gobernar en base al miedo porque el orden va porque por ejemplo la gente que está protestando ahí afuera (trabajadores CAS) dice que por un tema de disciplina fiscal no merece ningún aumento, ninguna bonificación especial, nada de eso. Lamentablemente mucha gente apoya eso y así va a seguir eliminando seguramente sindicatos, organizaciones, protestas.”, señaló.

“Tiene que, por supuesto, funcionar porque la Comisión de Ética siempre ha estado encubriendo alguna que otra vez a algún otro parlamentario que debió ser sancionado. Aquí hubieron como en muchos parlamentos también mochasuelos”, agregó el futuro senador, quien también consideró que la próxima legislatura tendrá el reto de reforzar los mecanismos de control interno y elevar los estándares de conducta dentro del Parlamento. Según explicó, el grupo de trabajo no habría cumplido adecuadamente su función fiscalizadora y, en algunos casos, permitió que conductas cuestionadas quedaran sin sanción. Por ello, planteó la necesidad de fortalecer la Comisión de Ética. “Yo creo que eso es criticable, se ha abusado de ello. Creo que eso ya se va a corregir en el próximo parlamento y yo tengo experiencia parlamentaria de haber estado en un congreso donde era obligatorio asistir a una comisión, al pleno y no había ningún tipo de abusos”, comentó. El próximo quinquenio arrancará con exigencias que van desde atender necesidades urgentes hasta recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El futuro mandatario deberá también establecer consensos para garantizar la gobernabilidad y dejar atrás la polarización.

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