La norma fue respaldada con 52 votos a favor, en su mayoría de la bancada de Fuerza Popular, 43 en contra y cinco abstenciones. Según las organizaciones, esta legislación rompe tratados internacionales, debilita la protección de la ciudadanía y permite que violaciones a los derechos humanos queden impunes.
Amnistía Internacional alertó específicamente sobre el Proyecto de Ley 14337, que recorta y "desnaturaliza" el castigo para delitos de lesa humanidad como desapariciones o torturas, contraviniendo las reglas de la Corte Penal Internacional. Respecto al Proyecto de Ley 7238, denunció que permite juzgar violaciones graves de derechos humanos dentro de la propia institución castrense. Según el organismo, esta decisión "compromete la independencia judicial y abre la puerta a la impunidad", lo que obstaculiza que las víctimas y sus familiares consigan justicia.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan estas medidas que favorecen la impunidad militar y policial, y exigen al presidente Balcázar que las observe para evitar que el Perú incumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La demanda de la CNDDHH y Amnistía Internacional está dirigida al presidente interino, José María Balcázar, quien tiene la facultad de promulgar las leyes o devolverlas al Congreso para una mejor evaluación. “Instamos al presidente José María Balcázar a observar las leyes que favorecen la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos”, señalaron. La CNDDHH alertó que estas propuestas pretenden aplicarse a casos del pasado que aún están siendo investigados, y su aprobación genera “graves riesgos para el esclarecimiento de estos crímenes y la rendición de cuentas”. El organismo advirtió que ambas normas van en contra de las reglas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y debilitan la respuesta del Estado frente a estos graves abusos.
Al analizar las implicancias de las nuevas normas aprobadas por el Poder Legislativo y el rol del Tribunal Constitucional, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó sobre un retroceso institucional en el país. “Este proyecto que están aprobando de forma totalmente inconstitucional en el Congreso indica que la prioridad va a recaer en la justicia militar-policial. Lo tienen todo estructurado para que los casos anteriores, los que están todavía en juicio o investigación pasen a manos del fuero castrense. Por ejemplo, los casos del ochenta al dos mil y lo están haciendo de la mano con del Tribunal Constitucional que comete más inconstitucionalidades que nadie”, señaló la exfiscal de la Nación vía El Foco.
De igual manera, Espinoza cuestionó la aprobación de la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad. “Es una aberración jurídica universal”, afirmó. Además, indicó que los convenios internacionales, así como la jurisprudencia de la CIDH, señalan que cuando un “país se adhiere a un sistema de protección a los derechos humanos, sea el año que se haya cometido el asesinato, este entra a la imprescriptibilidad”.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se sumó a las críticas contra el Congreso pese a no haber participado en el debate parlamentario. Consideró que las medidas aprobadas buscan “blindar a ciertos sectores del poder” y sentenció: “Están garantizando con esta regulación la impunidad. Yo siempre he sostenido que este es el gobierno parlamentario de la señora K. Estas leyes proimpunidad y toda esta situación son una vergüenza”.
Desde el ámbito judicial, el expresidente del Poder Judicial, César San Martín, también cuestionó la viabilidad legal de la norma. En declaraciones a Epicentro, afirmó: “No tiene fundamento; es anticonvencional. [La norma] habla de ‘delito de función’, un concepto que ya ha sido interpretado y canalizado. Ahora se da un giro copernicano que no tiene sustento en la propia concepción de lo que es un fuero real o de causa. Si el Ejecutivo no observa esta ley no habrá ninguna posibilidad de que intervenga la justicia ordinaria. Esto ya no es un control de disciplina ni de orden”.
La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, vinculó la votación con recientes denuncias de abusos contra civiles. Recordó la masacre de Colcabamba y el caso de un menor de 17 años que, según denunció, fue “presuntamente asesinado en la comisaría de Manchay” en Lima. “Además, el padre del joven denuncia que intentaron cobrarle coimas para liberarlo. La corrupción e impunidad están carcomiendo a la Policía Nacional desde dentro. Ese es el vergonzoso contexto en el que se pretende aprobar una nueva ley de impunidad para que los policías y militares que cometan delitos como estos solo sean juzgados en el fuero militar”, alertó Huilca.
La senadora por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, denunció que la reforma vulnera por completo los derechos de la ciudadanía frente al actuar de las fuerzas del orden. “Nueva ley de impunidad: policías y militares que cometan delitos comunes irán al fuero militar. Menos justicia, más privilegios y más riesgo para los ciudadanos. El fujimorismo, más envalentonado que nunca, nos enrostra a qué intereses y aliados representa y para quién gobernará", manifestó. Desde las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a las autoridades peruanas para que no ratifiquen la ley que pretende juzgar a policías y militares en tribunales castrenses. El organismo internacional remarcó que cualquier denuncia por presuntas violaciones a los derechos debe mantenerse bajo la justicia penal ordinaria, a fin de garantizar que los casos sean evaluados por magistrados independientes, neutrales y ajenos a las instituciones militares y policiales.
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