La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española ha presentado un nuevo informe ante el juez José Luis Calama, quien investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. Según el documento, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros a cambio de gestionar ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano que enfrentaba un litigio millonario en ese país.

Los pagos, según la UDEF, se realizaron entre 2024 y 2025 a través de la empresa Focus Social Research, que habría actuado como intermediaria. La compañía suscribió un contrato de asesoría con Zapatero que, según la Policía, sirvió para encubrir servicios no vinculados a la actividad de la firma. "El dinero provino de Focus Social Research, que habría encubierto pagos a Zapatero a través de un contrato de asesoría no relacionado con su actividad", señala el informe.

Las investigaciones revelan que los pagos coincidieron con reuniones entre el expresidente español y autoridades bolivianas. La UDEF considera que Focus Social Research operó como una empresa interpuesta y que el verdadero beneficiario de las gestiones era el Grupo Gloria, conglomerado peruano con inversiones en alimentos, cemento, agroindustria, transporte, papel y cartón en varios países de América Latina.

El caso está vinculado a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), controlada por el Grupo Gloria, que mantenía una disputa judicial con la estatal Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Esta última había denunciado a Soboce por competencia desleal y reclamaba una indemnización de US$107 millones.

La investigación policial detalla que el contrato de asesoría firmado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Focus Social Research estipulaba honorarios de 200.000 euros, distribuidos en tres pagos. Además, se contemplaba una dieta de 10.000 euros diarios, más los gastos de viaje cuando el servicio lo requiriera. Los investigadores hallaron una primera transferencia de 100.000 euros en julio de 2024, seguida de dos abonos de 50.000 euros en junio de 2025. Estos pagos fueron encontrados entre la documentación registrada en el despacho del exmandatario y en los mensajes intervenidos a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Las gestiones a favor del Grupo Gloria en Bolivia habrían comenzado en mayo de 2024, tras una reunión entre Zapatero y Carmen Almendras, exembajadora boliviana en España y asesora de la consultora Kreab Bolivia. Días después, la oficina del expresidente preparó el borrador del contrato de asesoría. El informe señala que, a finales de ese mes, Zapatero se reunió virtualmente con representantes del Grupo Gloria. Posteriormente, su secretaria inició las coordinaciones para obtener encuentros con miembros del Gobierno boliviano. En septiembre de 2024, el exmandatario viajó a Bolivia y sostuvo reuniones con el entonces presidente Luis Arce y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La Policía también identificó gestiones para contactar al ministro de Justicia, César Adalid Siles, y al procurador general del Estado, Ricardo Condori. Los agentes vinculan esas comunicaciones con la situación judicial de Soboce. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia confirmó la obligación de pagar la indemnización de US$107 millones a Fancesa. Un mes después, la empresa presentó un amparo constitucional alegando la vulneración de sus derechos. La UDEF destaca que las dos últimas transferencias, por 50.000 euros cada una, se realizaron semanas después de la resolución favorable a Soboce. El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió el amparo solicitado por Soboce y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba el pago. La decisión no es definitiva, pues el Tribunal Constitucional Plurinacional debe confirmarla o revocarla. En mayo de ese año se intensificaron los contactos. Los mensajes analizados por la UDEF muestran que Zapatero buscó hablar nuevamente con Arce y que su secretaria solicitó el número del procurador general. También se registró una conversación del exmandatario con el titular de Justicia. Para los investigadores, la sucesión de reuniones, conversaciones, decisiones judiciales y pagos apuntaría a una “trama organizada de tráfico de influencias” destinada a beneficiar al grupo peruano. google icon

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