Contraloría alerta que 10 regiones recortan presupuesto para fiscalizar a sus propios gobernadores

La Contraloría General de la República advirtió que al menos diez gobiernos regionales iniciaron el 2026 con menos recursos de los que la ley les exige para fiscalizar su propia gestión. Se trata de las administraciones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios, cuyos consejos regionales —órganos encargados de supervisar a gobernadores y funcionarios— operan con un presupuesto que apenas supera la mitad de lo estipulado por norma.

Según la Ley n.° 31812, cada región debe destinar al menos el 1% de su presupuesto para bienes y servicios ordinarios al funcionamiento del Consejo Regional. Sin embargo, a mitad de junio varias gestiones aún no cumplían con ese piso mínimo. En conjunto, las diez regiones debieron asignar más de S/12,4 millones para labores de control, pero solo destinaron S/6,6 millones, es decir, poco más de la mitad de lo exigido. En promedio, cubrieron apenas el 53,6% de lo requerido.

La entidad de control alertó que esta falta de asignación suficiente podría afectar las labores de supervisión y prevención de irregularidades. Mientras debían recibir S/12 millones 406.000 para este año, terminaron operando con S/6 millones 646.000, una diferencia que no es menor y que compromete la capacidad fiscalizadora de los consejos regionales frente a los gobernadores y funcionarios públicos.

Junín y Áncash muestran las mayores brechas en recursos para control

Al 15 de junio del 2026, la situación más crítica se registra en Junín, cuyo consejo regional recibió apenas S/238.000 cuando la ley exige un mínimo de S/1 millón 390.000, es decir, solo el 17% de lo obligatorio para fiscalizar. En Áncash, el monto asignado fue de S/300.000 frente a un requerimiento de S/1 millón 204.000, mientras que Huánuco destinó S/448.000 de los S/1 millón 187.000 que le corresponden. La Libertad también presenta una brecha millonaria: el gobierno regional colocó S/1 millón 319.000, muy por debajo del piso legal de S/2 millones 558.000. Loreto es el único que se aproximó al cumplimiento, al incorporar S/1 millón 979.000 de los S/2 millones 005.000 exigidos, aunque igualmente incumple la norma.

Diez gobiernos regionales recortan fondos para vigilarse a sí mismos.

Consejos regionales operan con menos capacidad para fiscalizar

Esta reducción presupuestal afecta directamente la capacidad de supervisión de los consejeros regionales, cuyas funciones incluyen revisar contratos, obras públicas, ejecución de recursos y decisiones administrativas de los gobiernos regionales. Para ello necesitan equipos técnicos, asesoría y soporte logístico que se financian con esos montos. La Contraloría advirtió que la falta de recursos puede limitar la labor fiscalizadora y debilitar los mecanismos de control político en las regiones. El problema cobra relevancia porque los gobiernos regionales gestionan millonarios presupuestos destinados a infraestructura, salud, educación y transporte.

La Contraloría comunicó los hallazgos a cada gobierno regional para que adopten medidas correctivas y eviten seguir restringiendo el presupuesto destinado a fiscalización. Esto ocurrió tras detectar que, en conjunto, las 10 regiones observadas dejaron de asignar cerca de S/5,7 millones respecto al mínimo establecido por ley. La Libertad concentra la cifra más alta en términos absolutos: debía destinar S/2,55 millones, pero solo incorporó S/1,31 millones.

Actualmente, los consejos regionales, integrados por entre siete y 25 consejeros elegidos por voto popular, cumplen una función equivalente a la de un órgano de control político interno dentro de cada gobierno regional. El informe de la Contraloría evidencia una paradoja recurrente en la gestión pública regional: los órganos encargados de supervisar el uso del dinero público dependen presupuestalmente de las mismas autoridades que deben fiscalizar.

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