La Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que la red vial fundamental del país ya es transitable en su totalidad, luego de más de 50 días de bloqueos que paralizaron las principales rutas, generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, y provocaron millonarias pérdidas económicas.

El presidente Rodrigo Paz aseguró que los bloqueos fueron “derrotados”, pero advirtió que el estado de excepción continuará vigente. Según explicó, la medida permitirá reorganizar el país y evitar que se repitan protestas capaces de interrumpir el transporte de bienes esenciales. “Aunque los bloqueos fueron derrotados, el estado de excepción permanecerá para evitar nuevas protestas que interrumpan el transporte de bienes esenciales”, declaró el mandatario.

La liberación de las rutas se concretó después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. A raíz de ese pacto, los sectores campesinos e indígenas redujeron sus medidas de presión, mientras que los cocaleros afines al expresidente Evo Morales —el último grupo que mantenía cortes en Cochabamba— declararon un cuarto intermedio.

Los operativos conjuntos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se desarrollaron mayormente sin enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo señaló que los manifestantes se habían replegado antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y que la mayoría de las intervenciones consistió en retirar piedras, tierra y otros materiales colocados sobre las vías.

La liberación de las rutas se produjo después de que la Central Obrera Boliviana alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo. Foto: AFP.

Pese a la reapertura de las carreteras, el gobierno mantiene el estado de excepción decretado el 20 de junio, en medio de protestas que exigían la renuncia de Paz. La medida busca prevenir que nuevos bloqueos interrumpan el transporte de alimentos, combustibles y medicinas, y garantizar la reorganización del país tras más de 50 días de crisis.

lr.pe La crisis en Bolivia, que incluyó bloqueos de carreteras por más de 50 días, dejó al menos 14 fallecidos según el balance de la Defensoría, además de graves perjuicios para los sectores productivos. Las ciudades enfrentaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. En La Paz, algunos productos llegaron a cuadruplicar su precio habitual y las filas en las estaciones de servicio persistieron incluso tras la reapertura de las vías. El Gobierno atribuyó la demora en la distribución de gasolina y diésel a las cisternas que permanecieron varadas durante los bloqueos; antes de descargar el combustible, los vehículos deben pasar controles de calidad para evitar nuevos daños, como los registrados por la comercialización de gasolina defectuosa. Como parte del acuerdo con los sindicatos, el Ejecutivo se comprometió a compensar a los propietarios de vehículos afectados, impedir la privatización de empresas estatales estratégicas, proteger los precios de la canasta familiar y consultar a las organizaciones sociales antes de impulsar reformas estructurales. Además, el ministro de Gobierno, Rodrigo Paz Pereira, solicitó a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar contra quienes ocasionaron daños durante las protestas. Aunque no identificó directamente a los responsables, integrantes de su Gobierno señalaron a Evo Morales como uno de los principales articuladores políticos de las movilizaciones. En una entrevista reciente con la agencia de noticias AFP, el líder de izquierda advirtió que el Gobierno boliviano está “forzando una guerra civil” y aseguró que no se rendirá ante la amenaza de la administración de intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba, para capturarlo.

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