El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremetió contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por adelantar que no reconocería un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Para el titular del Parlamento, esa postura no responde a una convicción democrática, sino a una maniobra política para desestabilizar la gestión que asumirá el país el próximo 28 de julio.

“Sin duda todo esto es parte de una maniobra para desestabilizar el gobierno que se iniciará el 28 de julio. Todo este cuestionamiento a la legitimidad del futuro gobierno es parte de esta maniobra que el 28 de julio ellos tratarán de llevar a las calles; es decir, de generar un ambiente de caos y de inestabilidad en el Perú, tratando de hacer que el próximo gobierno fracase. O sea, no es un comportamiento democrático, porque uno gana o pierde las elecciones. Y no trata de tumbar al siguiente gobierno de manera inmediata”, declaró a RPP.

En otro frente, Rospigliosi respaldó la aprobación en segunda votación de la ley que precisa la aplicación del fuero militar-policial para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente del Legislativo rechazó las críticas que advierten que la norma podría generar impunidad o un acercamiento a regímenes autoritarios. Precisó que dicha jurisdicción siempre ha estado vigente y está respaldada por el artículo 173 de la Constitución en el caso de los denominados “delitos de función”.

Rospigliosi defendió la urgencia de la norma y denunció una campaña sistemática para encarcelar a los agentes que participaron en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, donde murieron más de 50 civiles. En ese contexto, cuestionó que existan jefes policiales con hasta 40 carpetas fiscales abiertas y criticó que el Ministerio Público pida 35 años de prisión para el general Víctor Zanabria por el presunto delito de omisión, así como que más de 350 oficiales sean procesados en bloque sin individualizar responsabilidades. El legislador aclaró que la ley no amparará a los oficiales que cometan delitos comunes como robo o extorsión, los cuales seguirán bajo competencia de la justicia ordinaria. También rechazó las críticas que sostienen que los oficiales “se protegen entre ellos”, al señalar que, cuando un juez o un fiscal incurre en un delito, también es procesado por sus propios colegas, sin que ello provoque el mismo nivel de cuestionamientos.

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