La activista polaca Monika Silva, conocida por su lucha contra la corrupción y denuncias sobre tráfico de tierras e irregularidades ambientales, fue víctima de una "muerte violenta", según el informe forense al que accedieron organizaciones de derechos humanos en Ecuador. El dictamen descarta la hipótesis inicial de suicidio que plantearon autoridades del Gobierno tras el hallazgo del cuerpo el pasado 8 de junio en su vivienda, ubicada en la costa suroeste del país.

La abogada Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam), afirmó en conferencia virtual que los resultados periciales contradicen la versión oficial preliminar. "Se desmorona la hipótesis del suicidio", sostuvo. De acuerdo con medios locales que citan el informe forense, Silva presentaba un golpe en la cabeza y signos compatibles con estrangulamiento, elementos que refuerzan la tesis de una muerte violenta.

Cepam y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) asumieron la representación legal de la familia de la activista y confirmaron que la investigación fiscal se desarrolla bajo la figura de femicidio. La Fiscalía ecuatoriana, en coordinación con la Policía Nacional, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso de Silva, quien enfrentó amenazas previas por su activismo, ha generado atención internacional. La Unión Europea pidió una investigación "rápida e independiente" sobre su muerte.

Monika Silva era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales. Foto: AFP.

Debate por versión inicial del Gobierno

Monika Silva, madre de dos niñas, era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras e irregularidades ambientales en la provincia de Santa Elena, donde residía. Organizaciones locales sostienen que la activista había recibido amenazas meses antes de su muerte debido a su trabajo de fiscalización ciudadana. Tras el hallazgo del cuerpo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló públicamente que la hipótesis preliminar era la de un suicidio y afirmó que existían indicios en el lugar que apuntaban a esa conclusión.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa declaración y advirtieron sobre la necesidad de no vincular la muerte de una mujer activista con su estado emocional sin sustento pericial. "Es necesario investigar por qué se emitió un juicio de valor sin base técnica", cuestionó Martínez. El director del CDH, Billy Navarrete, señaló que el caso debe analizarse en un contexto más amplio. "No es un hecho aislado, sino parte del deterioro de las libertades y de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos", afirmó.

Cooperación internacional y observadores forenses

El caso ha despertado atención a nivel global. La Unión Europea y la embajada de Polonia pidieron una investigación “rápida, exhaustiva e independiente” para esclarecer los hechos. A pedido del Gobierno ecuatoriano, dos peritos forenses argentinos participan como observadores para brindar supervisión técnica a las diligencias. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatorías de la ONU expresaron su preocupación por la situación de defensores de derechos humanos en Ecuador e instaron al Estado a garantizar su protección. El caso de Silva se suma a otras muertes de activistas reportadas recientemente en la provincia de Santa Elena, vinculadas a denuncias de corrupción y conflictos ambientales. Mientras la investigación continúa, organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso debe abordarse bajo la hipótesis de un crimen premeditado, no como un suicidio.

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