La sensación de indefensión crece entre los peruanos, quienes ya no solo observan con temor las estadísticas de criminalidad, sino que son testigos cotidianos de hechos cada vez más violentos y alarmantes. La inseguridad ha dejado de ser una simple preocupación para convertirse en una emergencia nacional que evidencia la incapacidad del Estado para garantizar algo tan elemental como la protección de la vida.

En ese contexto, durante una actividad por el Día del Padre en Villa El Salvador, la virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó: “Hemos derrotado al terrorismo, la hiperinflación y ahora vamos a derrotar a la delincuencia”. Sus declaraciones reflejan que la lucha contra el crimen será la principal exigencia de la ciudadanía. Sin embargo, durante años se han escuchado promesas, anuncios y discursos, pero el país ha llegado a un punto en el que las palabras ya no bastan. Ha llegado el momento de las decisiones y de las acciones concretas.

Mientras tanto, los delincuentes parecen actuar con absoluta impunidad y las respuestas de las autoridades resultan insuficientes. Por ello, el país no puede seguir atrapado en la incertidumbre política. Es fundamental que los organismos electorales culminen cuanto antes el proceso de proclamación de resultados para que el nuevo gobierno asuma plenamente sus responsabilidades y empiece a trabajar en la solución de los problemas urgentes que afectan a la población. La seguridad ciudadana no admite más dilaciones ni excusas.

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