Crimen organizado deja un default de S/ 5,500 millones en negocios: Scotiabank revela las zonas rojas

La ola de violencia que azota al país se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo al inicio de este año, cuando ataques con armas de fuego y dinamita contra transportistas, restaurantes y otros comercios dejaron un saldo trágico que mantiene en vilo a la ciudadanía. Estos hechos se reflejan en las cifras del Sinadef, que reporta 2,226 homicidios en lo que va de 2025, la mayor cantidad en ocho años. Además, desde que comenzó el actual Gobierno se han registrado 475 crímenes, con un promedio diario de 5.61, el más alto desde 2017.

Las instituciones financieras son quizás las que sienten más de cerca este repunte delictivo, ya que una parte importante de sus usuarios o negocios sufren la extorsión, el sicariato y la delincuencia común, una amenaza que desequilibra sus vidas y la actividad económica que desarrollan. Según Scotiabank, la criminalidad no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también golpea la economía familiar y empresarial. La capacidad de pago de las víctimas del crimen organizado se debilita porque deben afrontar costos que antes no tenían y generan menos ingresos debido a las restricciones con las que operan sus negocios en medio de la inseguridad.

Un estudio del banco, basado en datos internos y públicos y concluido en diciembre último con información del año pasado, detalla que en zonas con alta incidencia delictiva la morosidad crece hasta 30%. La investigación cruza indicadores de criminalidad con desempeño crediticio y evidencia una relación directa entre ambos factores: en promedio, la correlación entre inseguridad y morosidad alcanza el 56% y sube hasta 60% “en los segmentos masivos, donde los hogares y pequeños negocios son más vulnerables a shocks económicos”.

Según estimados de Scotiabank, el exceso de morosidad vinculado a contextos de alta criminalidad representaría cerca de S/ 5,500 millones en créditos impagos. De ese total, el 87% corresponde a préstamos revolventes –como tarjetas de crédito– y el 13% a no revolventes. La cartera atrasada de bancos y cajas, a noviembre último, llegaba a S/ 14,163 millones, lo que revela el impacto del desborde delictivo en los incumplimientos de pago del sistema financiero. “En estos territorios, la inseguridad genera costos adicionales que deterioran la capacidad de pago: mayor gasto en seguridad privada, contratación de seguros, menor flujo de clientes y reducción de ingresos. Como resultado, la morosidad puede incrementarse entre 1.1 y 1.3 veces, encareciendo el costo del crédito”, resumió la entidad financiera. En zonas críticas, la colocación de créditos se contrae entre 30% y 40%, lo que limita la inclusión financiera y frena el desarrollo económico local, advirtió. “La inseguridad es un desafío social que también plantea retos para la inclusión financiera. Nuestro análisis busca entender estos impactos para impulsar soluciones que protejan la capacidad de pago y amplíen el acceso al crédito”, afirmó. Scotiabank sostiene que la combinación de informalidad, desempleo, costos adicionales y menor inversión ocasiona un círculo vicioso: más inseguridad, menos acceso a crédito, menor inversión, más vulnerabilidad. Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, consideró que una primera incidencia del aumento en la criminalidad es que el cliente, al contar con un flujo de ingresos y la capacidad de ser sujeto de crédito, posterga decisiones de inversión por incertidumbre o “miedo” a que le extorsionen. “Si (el microempresario) compra un carro más, o un bus, o una maquinaria, o abre una sucursal (de su negocio), se hace más visible”, explicó al mencionar la reducción del crédito ante la inseguridad.

Las zonas del país donde más se observa el aumento de las extorsiones son, en primer lugar, el norte, en ciudades como Sullana, Piura, Chiclayo y Trujillo, según Walter Rojas, de Caja Cusco. Asimismo, en Lima la incidencia es mayor en el cono norte, en distritos como Comas, San Martín, Los Olivos y Puente Piedra, precisó el ejecutivo.

Según Rojas, otra implicancia del crimen es que clientes que han aceptado créditos extorsivos ya no pueden cancelar préstamos con alguna entidad formal, microfinanciera o banco, pues su potencial de generar caja disminuye. “El excedente, en vez de ir para cubrir cuotas, es una salida de dinero que va a pagar cupos”, expuso sobre el efecto de la delincuencia en la morosidad. Hay clientes que cubren no solo uno, sino dos cupos, agregó.

Además, algunos microempresarios, por su seguridad, cierran su negocio o se trasladan a otros lugares, y cambian no solo de localización sino de giro, precisó. “Incluso algunos clientes caen en mora porque no lo tenían mapeado (la posibilidad de ser víctima de la extorsión) y los obligan a hacer ese tipo de transacciones”, comentó. “No solo es cuidar su persona, sino también su familia y entorno”, complementó.

En tal sentido, en la evaluación de riesgo de las microfinancieras se ha incorporado, así como el rubro gastos operativos, el de gastos de seguridad, que incluye el pago por extorsiones. Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica, señaló que el aumento de la delincuencia causa en las mypes “un gasto adicional como si fuera un alquiler”. “Se les castiga (a los clientes) en su capacidad (de pago) por el riesgo de este tipo de extorsiones. Eso resta capacidad de pago a los negocios”, expresó.

Rojas consideró que se requiere de políticas públicas más contundentes para combatir la criminalidad, pero como los actuales gobiernos (nacional y locales) “están de salida”, no se espera que las introduzcan. Por ello, las expectativas están cifradas en las próximas autoridades electas, dijo.

Walter Leyva, de Caja Ica, advirtió que la delincuencia “ha ido migrando de negocios más grandes en zonas más urbanas a negocios cada vez más pequeños en zonas más rurales”. “Eso nos preocupa porque se está masificando, y eso es un riesgo para cualquier tipo de oportunidad de crédito para estas familias (que podrían acceder a un financiamiento para ampliar sus negocios)”, agregó. Pese a ello, aclaró que “ninguna entidad del sistema financiero va a retroceder o parar en la entrega de préstamos. Hacerlo sería darle la razón (a los delincuentes) y no respaldar a nuestros clientes a tomar un crédito”. Por su parte, Scotiabank señaló que “este hallazgo (estudio) subraya la necesidad de políticas prudenciales y soluciones diferenciadas por territorio para mitigar riesgos y preservar la inclusión financiera”. En tanto, Ramiro Arana, gerente central de negocios de Caja Huancayo, aseguró que ya han localizado zonas donde, por el alto índice de criminalidad, se han venido retirando. “Hemos identificado, por ejemplo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra, Comas”, comentó.

Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

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