La Contraloría General de la República identificó una serie de irregularidades en el proceso de construcción del puerto de Chancay, lo que derivó en la devolución de S/ 527 millones a la empresa Cosco Shipping. Según el informe de auditoría, el monto fue restituido porque la compañía accedió al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA), un beneficio que, de acuerdo con el órgano de control, no debió habérsele otorgado.

El documento señala que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión para que la empresa se acogiera al RERA, pese a que los representantes de Terminales Portuarios Chancay S.A. —hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú— no contaban con el poder que acreditara su capacidad legal para suscribir el documento, un requisito exigido por la norma vigente, según informó El Comercio. Posteriormente, se firmaron cinco adendas al contrato.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles, trasladar los hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas, en este caso contra ProInversión. Asimismo, el órgano de control sugirió promover acciones penales por presuntas irregularidades vinculadas a las autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal.

La Contraloría también realizó auditorías de cumplimiento a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En el caso de la APN, se encontró que aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a que existían discrepancias entre el expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel. En cuanto al MTC, la auditoría concluye que no realizó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las acciones de supervisión ambiental relacionadas con la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento correctivo de los geotubos —estructuras que retienen elementos sólidos y filtran líquidos—. Según el informe, ello restringió el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora frente a presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales.

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