La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), que agrupa a las mayores empresas de pesca industrial del país, ha sido recibida 136 veces en el Congreso desde marzo de 2024 hasta la fecha. Durante ese mismo período, la bancada de Fuerza Popular le otorgó beneficios concretos: anuló multas por pescar en la Reserva Nacional de Paracas y respaldó el ingreso de la flota industrial en zonas donde la ley lo prohíbe. El presidente del Legislativo, el fujimorista Fernando Rospigliosi, se niega a poner a debate un proyecto de ley que refuerza la protección de la biodiversidad acuática —iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable—, lo que favorece directamente al gremio pesquero, cuyos representantes mantienen contacto con la cúpula de Fuerza Popular.
El fujimorista Raúl Huamán Coronado, presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, recomendó el archivamiento de la iniciativa legal que busca proteger las áreas naturales reservadas de la depredación. Una decisión que, según fuentes parlamentarias, conviene a los intereses de la SNP. El 4 de mayo, la representante del gremio, Rosa Perales Rivera, visitó a Huamán cuando el proyecto aún estaba en curso. En el último pleno del Congreso, parlamentarios de diversos grupos —incluso del propio fujimorismo— declararon estar a favor de la iniciativa, pero Rospigliosi se resiste a incluirla en la agenda de debate.
Quien no siempre es recibido en el Parlamento es José Hernández Mundini, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas. Hernández viajó desde Paracas para asistir a los últimos plenos con un pedido claro: que se apruebe la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas. El 22 de mayo no lo dejaron ingresar al recinto. Esperó ilusionado en los exteriores hasta pasadas las 10 de la noche, cuando la sesión terminó sin ningún resultado. “Lo que para nosotros era una sospecha, hoy nos deja la confirmación de que hay una vinculación entre integrantes de Fuerza Popular, la actividad industrial y la Sociedad Nacional de Pesquería”, afirma Hernández.
La conexión que denuncia Hernández no aparece solo en los registros de visitas al Congreso. También se expresa en actividades públicas. El 27 de septiembre de 2025, la congresista fujimorista Patricia Juárez Gallegos participó y promocionó una entrega de pescado a comedores populares. En noviembre de ese mismo año, difundió un video sobre la donación de otro lote de pescado a 30 ollas comunes del distrito de Ate. “Más de 1.600 vecinos de 30 ollas comunes del distrito de Ate se benefician con una tonelada de pescado fresco que hemos traído gracias a una alianza estratégica con la Sociedad Nacional de Pesquería”, dijo Juárez en el video.
La SNP rechaza la iniciativa que refuerza la prohibición de la pesca industrial en zonas reservadas como Paracas. Mientras tanto, el fujimorismo mantiene su trato privilegiado al gremio: desde la presidencia del Congreso, Rospigliosi bloquea el debate; desde la Comisión de Producción, Huamán impulsa el archivamiento; y desde la tribuna, Juárez promociona las donaciones del sector. La ley que busca proteger la biodiversidad acuática sigue sin ser discutida en el pleno.
La República se comunicó con varias dirigentes de ollas comunes que aparecen como firmantes de un pronunciamiento difundido por portales cercanos al gremio pesquero industrial. Algunas señalaron que apoyaron el documento porque les dijeron que, si se aprueba la ley, ya no habría pescado para sus comedores y ollas comunes. “Las engañaron”, se lee en la investigación. El pronunciamiento, firmado por dirigentes de comedores populares y ollas comunes del Perú, se opone a la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas. Es el mismo discurso de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
Patricia Juárez promociona una entrega de pescado realizada junto a la Sociedad Nacional de Pesquería en noviembre del 2025, ya en periodo electoral.
En las últimas semanas del Congreso, ese pronunciamiento se sumó al debate. El documento pide a los congresistas que “no se dejen engañar” y que no permitan que “le quiten la alimentación al pueblo”. Según el texto, la iniciativa no tiene “sustento técnico, científico ni social”. También sostiene que la pesca industrial formal permite que miles de hogares accedan a pescado nutritivo, seguro y a precios accesibles. Es exactamente el argumento de la SNP.
Para ese momento, el país ya había ingresado en la etapa electoral. Juárez buscaba la reelección y la Sociedad Nacional de Pesquería sostenía actividades de donación de pescado a ollas comunes y comedores populares. Cualquiera diría que fue una coincidencia. Pero no lo fue. Fuentes consultadas señalan que, mientras el fujimorismo buscaba acercarse a ollas comunes en busca de votos, la SNP quería afianzar sus relaciones con las madres de familia mediante donaciones. En ese marco, pudo haber presión para que las dirigentes firmaran el comunicado bajo el argumento de que se acabarían las donaciones si se aprobaba la ley que rechaza la SNP.
Al conocer estos hechos, Carlos Boada, pescador de Paracas, vinculó el debate ambiental con el poder político. “¿Qué pasaría si gana Keiko Fujimori? Venden nuestro mar, venden nuestros hijos, de repente ya vendieron el Perú”, afirmó.
EL MIDIS RESPONDE
La República pidió descargos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), firmante de un convenio con la Sociedad Nacional de Pesquería en julio del 2022, cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El acuerdo se mantiene hasta el 11 de julio del 2026, antes de la asunción del próximo gobierno. El Midis respondió que ambas instituciones “articulan acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de productos hidrobiológicos a comedores populares y ollas comunes”. El ministerio añadió que la SNP, “en coordinación con algunos gobiernos locales e instituciones privadas, de manera autónoma”, también realizó entregas de pescado a la población, incluidos comedores y ollas comunes.
La República también consultó al Midis por el riesgo de que se acaben las donaciones si se aprueba la ley. “El Midis promueve y articula acciones orientadas exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad. Respecto a las versiones señaladas, el Ministerio no ha tomado conocimiento”, respondió la entidad.
El martes 23 de junio se inició el último pleno de la actual legislatura, pero el proyecto que busca reforzar la protección de las áreas naturales protegidas marinas no había sido sometido a votación hasta el cierre de esta edición. La República consultó a congresistas de distintas bancadas y las respuestas mostraron respaldo desde sectores de derecha e izquierda. Incluso Alejandro Aguinaga, figura clave de Fuerza Popular, se mostró a favor: “Yo estoy de acuerdo. La pesca industrial es de gran escala y debe ir más allá de las cinco millas. Tendría que preguntarle a Fernando [Rospigliosi] por qué no se ha puesto a debate. Hay múltiples pedidos. En todo caso, de no verse, se tendría que ver en la próxima legislatura”, señaló.
El almirante en retiro Jorge Montoya, de Honor y Democracia, también respaldó la iniciativa. “Es necesario cuidar nuestro mar y nuestra riqueza marina. Si uno deja que pesquen en cualquier sitio, destruyen la flora, la fauna marina y los peces no pueden sobrevivir. Habría que preguntarle al presidente del Congreso por qué no se ha puesto a debate”, dijo. La congresista Gladys Echaíz sostuvo una posición similar: “Es una ley necesaria para la conservación, por el bien de los pescadores que viven de eso. Si vamos a exterminar las especies, ¿el futuro qué?”, declaró. También cuestionó que el proyecto siga pendiente: “Nos hemos cansado de insistirle al presidente que los ponga a debate, pero son criterios que nosotros no entendemos. Se prefieren los proyectos de ley declarativos, que en realidad no nos conducen a nada”.
Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) sostiene públicamente que la pesca industrial no opera dentro del área prohibida de Paracas. En septiembre del 2025, el gremio presentó un documental sobre la reserva. En el video, su presidenta, Jessica Luna, afirmó: “En Paracas, las primeras 5 millas no permiten la pesca industrial. Esa es la zona que estamos impedidos, la zona que se busca proteger. Jamás vas a encontrar un barco industrial frente al hotel Paracas o mientras estás comiendo un ceviche en el puerto. Jamás va a pasar eso. Nosotros estamos fuera de las 5 millas”. Esa frase contrasta con los hechos documentados por La República: 11 empresas pesqueras industriales acumularon 99 sanciones por actividades extractivas dentro de la Reserva Nacional de Paracas. La mayoría de esas sanciones corresponde a compañías vinculadas a la SNP.
Planta de procesamiento pesquero de Austral Group en Paracas, una de las empresas vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería. | Foto: Marco Cotrina / La República
Los pescadores cuestionan esa versión. Para ellos, el problema no se reduce a ver barcos desde el puerto, sino a la presión de la flota industrial sobre la reserva, las zonas de reproducción y los recursos que sostienen la pesca artesanal. “Primero deberían venir al lugar de los hechos, mojarse los pies, conocer realmente la problemática, antes de juntarse y convenir con los que afectan nuestro mar”, dice Jason Díaz Barbarán, maricultor de Paracas, en referencia a los congresistas que decidirán sobre la ley.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, es sobre quien recaen todas las miradas. El miércoles 24 de junio se cerrará la puerta del Parlamento hasta el próximo 28 de julio, cuando ingrese el electo y ahora bicameral. Todo depende de él: no pone a debate el proyecto que refuerza la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas marinas.
Desde la izquierda, Susel Paredes señaló que la decisión depende de la Mesa Directiva, que no es solo fujimorista. “Hoy estuvo (Waldemar) Cerrón dirigiéndola. ¿Y por qué no la pone?”, cuestionó. En el pleno anterior, realizado el jueves 11 de junio, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, respondió: “No sabemos, vamos a ver si está en la agenda”.
Jaime Quito también apuntó a la presión del gremio industrial. “Hay un interés tremendo de parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, que en distintos medios de comunicación señala que no se afectaría en absoluto el tema de la pesca ni a la reserva natural”, afirmó. Además, denunció intereses del fujimorismo en la demora del debate.
César Revilla, de Fuerza Popular, quien votó a favor de la reducción de multas pesqueras en 2024, dijo que esperaría la posición de su bancada. “Hay que ver el texto que va a entrar al pleno y debatirlo. Yo no he estado en la Comisión de Pesca. Vamos a ver que llegue el asesor responsable y evaluar la decisión de la bancada”, declaró.
Para los pescadores de Paracas, el problema no es que la pesca industrial exista, sino dónde opera. José Hernández Mundini recuerda que el área marina de la Reserva Nacional de Paracas equivale al 0,3% del Mar de Grau. Todas las áreas naturales protegidas marinas, en conjunto, abarcan alrededor del 8%. “Nosotros no estamos en contra de la actividad de la pesca industrial. Lo que sí criticamos férreamente es que hagan la actividad en áreas naturales protegidas”, afirma. Piden que en ese espacio mínimo se conserven especies, se protejan zonas de reproducción y se asegure que la pesca artesanal siga existiendo.
Trabajadores del puerto de San Andrés, en Pisco. Los pescadores artesanales respaldan la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas. | Foto: Marco Cotrina / La República
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