Una auditoría de la Contraloría General de la República ha detectado serias observaciones en el contrato de inversión que permitió al megapuerto de Chancay, administrado por la empresa Cosco Shipping, acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERA). Gracias a este beneficio, el proyecto recibió devoluciones tributarias por más de S/527 millones durante su etapa de construcción. La revisión, que abarcó actuaciones de ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre 2007 y 2025, también encontró irregularidades en la aprobación de permisos portuarios, cambios en el trazado del túnel y deficiencias en la supervisión ambiental del megaproyecto, que acaba de cumplir un año de operaciones.

El principal hallazgo del informe, al que accedió este medio, se centra en el contrato de inversión que posibilitó el acogimiento al RERA, un mecanismo que permite recuperar de forma anticipada el IGV pagado durante la ejecución de grandes obras. Según la Contraloría, ProInversión validó y suscribió en 2016 un contrato por US$447 millones sin que los representantes de la empresa hubieran acreditado el poder legal necesario para firmarlo. “Pese a ello, Proinversión continuó con el trámite (…) y posteriormente se suscribieron cinco adendas en mérito a un contrato celebrado sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos”, señala el informe.

Por estos hallazgos, el órgano de control recomendó iniciar acciones civiles en relación con el contrato de inversión y el beneficio tributario, así como promover acciones penales por presuntas irregularidades vinculadas a autorizaciones y controles durante la construcción y puesta en marcha del terminal. La auditoría también detectó observaciones en los permisos otorgados por la APN y en la supervisión ambiental a cargo del MTC.

La auditoría sostiene que el proyecto accedió y permaneció dentro del régimen de beneficio tributario “sin que se haya acreditado el cumplimiento integral de los requisitos legales exigidos para el otorgamiento y permanencia de dicho beneficio”. Sobre la base de un contrato que inicialmente ascendió a US$789,6 millones, se aprobaron devoluciones tributarias por S/527,8 millones. El segundo punto observado por la Contraloría se centra en los permisos y autorizaciones que recibió el megapuerto de Chancay durante su construcción y posterior puesta en marcha. Para ello, el órgano de control revisó expedientes técnicos, autorizaciones e inspecciones realizadas por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), principalmente sobre dos componentes del proyecto: el túnel y el sistema de geotubos, una estructura prevista para proteger la zona costera. Según detalla el informe, el expediente técnico aprobado en 2021 incorporó un trazo del túnel diferente al que se validó previamente y que, además, ya no coincidía completamente con el permiso ambiental vigente para el proyecto. Asimismo, sostiene que el expediente no desarrolló técnicamente el sistema de geotubos previsto como medida de protección ambiental. El informe concluye que “se posibilite a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. el inicio y ejecución de obras y, posteriormente, la operación (…) sin contar con todos los requisitos legales aplicables al expediente técnico y la habilitación portuaria”. Además, la Contraloría señala que durante las inspecciones posteriores no se impulsaron oportunamente medidas correctivas para actualizar permisos ni obtener pronunciamientos ambientales correspondientes. Por estos hechos, el órgano de control recomendó que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción evalúe iniciar acciones penales para determinar posibles responsabilidades entre los funcionarios comprendidos en esta observación.

La Contraloría concluyó que ProInversión, MTC y APN carecían de manuales específicos para evaluar solicitudes del RERA del IGV y sus modificaciones; además, faltaban mecanismos de control de versiones de planos y trazabilidad geográfica. También detectó que parte de la documentación ambiental se almacenaba fuera del sistema formal y que algunos expedientes ya no conservaban todos los correos y respaldos.

El informe revisó expedientes de supervisión ambiental ejecutados entre 2023 y 2025. Según la Contraloría, no se analizó completamente la información sobre el trazo del túnel, no se evaluó integralmente la suspensión del compromiso de trasvase de arena y se concluyó cumplimiento ambiental respecto del sistema de geotubos sin suficiente sustento técnico. Como consecuencia, sostiene que la autoridad no contó con elementos suficientes para evaluar oportunamente posibles procedimientos sancionadores ambientales.

RPP trasladó consultas a Cosco Shipping para conocer su posición sobre este informe. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuestas.

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