Al inaugurar el “Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina”, la presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, denunció que existe la pretensión de instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares y partidarios, ya sea para favorecer la impunidad o para descalificar a adversarios. El evento cuenta con la participación de autoridades judiciales de Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Panamá, así como representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá y Uruguay.
“La independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de fuerzas mega estructurales, propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales, así como procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del Derecho”, afirmó Tello Gilardi, quien vinculó ese peligro con fenómenos como el crimen organizado, la corrupción, economías ilegales, lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata, extracción ilegal de recursos naturales y otros.
La magistrada remarcó que la judicatura y sus órganos de gobierno son el contrapeso indispensable al poder político, con el fin de garantizar la supremacía de la Constitución, el principio de legalidad, el control, balance y separación de poderes, así como la protección de derechos fundamentales. “Los principios de exclusividad e independencia de la función judicial, son hasta hoy un desafío permanente y tarea pendiente que asumimos en nuestros Estados, y especialmente desde la judicatura, para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna, para todos y todas por igual”, expresó.
En el certamen desarrollado en el Palacio de Justicia, la magistrada Janet Tello subrayó que la independencia judicial “no es solo una prerrogativa corporativa y personal; es, esencialmente, una garantía de tutela judicial o procesal efectiva porque donde la judicatura es independiente, imparcial, se fortalece la democracia, se protege a los más vulnerables y se consolida el Estado de derecho”. También consideró oportuno reflexionar sobre la independencia judicial, la autonomía institucional y las garantías de la carrera judicial, a los que calificó como “pilares indispensables para asegurar jueces y juezas independientes, profesionales y comprometidos con el servicio público”.
La presidenta del Poder Judicial señaló la imperiosa necesidad de repensar estructuras, procesos y capacidades institucionales para un nuevo tiempo y un nuevo Poder Judicial. Explicó que, en sus dos siglos de existencia, los Poderes Judiciales de Latinoamérica enfrentaron tensiones estructurales, reformas incompletas, contextos autoritarios y crisis institucionales. Asimismo, enfatizó otro enorme reto: los problemas estructurales que todavía no encuentran solución en la región, como el acceso a la justicia para grupos y personas en situación de especial vulnerabilidad y discriminación. “Ello nos demanda perfilar, en un entorno de diálogo e intercambio de experiencias, soluciones actuales, creativas y efectivas, orientadas a ampliar y garantizar el acceso a la justicia, como sustrato y fundamento de nuestra institucionalidad”, señaló.
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