La aprobación en segunda votación de la ley que establece que policías y militares solo puedan ser juzgados en fueros de corte policial-militar desató una ola de críticas entre diversas figuras políticas del país. La norma, impulsada por el Congreso, ha sido calificada como un retroceso para la justicia y una antesala de lo que podría venir con un eventual gobierno de Keiko Fujimori.
Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular y candidata a la alcaldía de Lima, fue una de las voces más duras. “El fujimorismo y sus aliados preparan la cancha para el nuevo fujimorato. Con trampas, a la fuerza, sin espacio para el disenso: esa es la Fuerza Popular que nos va a gobernar. Con las leyes aprobadas esta mañana se inicia una época de abusos y una tragedia para el país”, señaló la legisladora.
Por su parte, Flor Pablo, congresista independiente, también se pronunció en contra. Indicó que esta iniciativa se suma a la historia de actuaciones criticables del Parlamento y engrosa la lista de las denominadas “leyes procrimen”. “He votado en contra porque creo firmemente que los delitos ordinarios deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por el fuero militar policial. Incluso, presentamos una reconsideración para frenar esta medida, pero fue rechazada. Como ya ocurrió con otras leyes pro crimen y pro impunidad, el pacto congresal se ha impuesto con sus votos, con el fujimorismo a la cabeza. Que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de este atropello a la justicia y a los derechos de los peruanos”, afirmó Pablo.
Junto a ellas, figuras como Jaime Quito y Roberto Sánchez también han manifestado su rechazo a la medida. Sánchez, quien anunció que no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori, ha convocado a una nueva marcha en señal de protesta.
El todavía candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, calificó la ley de “lamentable” y aseguró que no existe respaldo para esta iniciativa. “Están garantizando la cancha. Keiko Fujimori ya está gobernando, este es el Gobierno parlamentario de la señora K. Realmente es una vergüenza”, indicó. Sánchez se sumó así a las voces que rechazan la medida desde el Congreso.
El congresista y electo senador por Juntos por el Perú, Jaime Quito, también mantuvo críticas al proyecto y señaló que es parte de una constante del Parlamento por criminalizar la protesta ciudadana. “Tenemos una mayoría congresal en contra de los derechos humanos. Les han dado la ley del gatillo fácil, esto beneficia únicamente a quienes tienen las armas, para resguardar la vida de los ciudadanos, para que sigan en contra de la ciudadanía. Rechazamos este accionar del Congreso, que amplía la legislatura solo para estas leyes nefastas. Creen que tendrán un gobierno con dictadura perfecta e intervención de todas las instituciones. Pero aquí, se equivocan, porque hay un pueblo que determina y decide”, indicó.
Excongresistas también rechazaron medida
Fuera del Parlamento, distintas figuras políticas también expresaron críticas tras la aprobación de la iniciativa. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, afirmó que la norma abriría la puerta a la impunidad frente a casos de abuso policial.
La excongresista Marisa Glave también cuestionó la propuesta, señalando que "esta decisión es gravísima, además de inconstitucional". Glave recordó que "el Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias previas que delitos como el asesinato no pueden ser procesados en el fuero militar o policial debido a la magnitud del daño que ocasionan". Advirtió que "este Congreso prepara el terreno para un nuevo autoritarismo fujimorista". Previamente, otra figura política había afirmado: "Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial". Responsabilizó directamente a Keiko Fujimori por "esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará" e invocó a "fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria". Sostuvo que "quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori".
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