Este martes, un Tribunal de Apelaciones estadounidense dio luz verde al Gobierno de Donald Trump para reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo el país. En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinaron que extender este procedimiento al resto del territorio no vulnera los derechos de los inmigrantes.
La llamada ‘expulsión acelerada’ estaba originalmente reservada para personas detenidas al cruzar las fronteras, quienes eran expulsadas sin posibilidad de presentar su caso ante un juez. Generalmente, se aplicaba a indocumentados capturados cerca de la frontera sur, que solían ser devueltos a México en los días siguientes a su detención. Sin embargo, la nueva orden de Trump —dictada al inicio de su segundo mandato— instruye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a aplicar este procedimiento a todos los extranjeros que no puedan demostrar que llevan menos de dos años residiendo en Estados Unidos, sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración. Esto faculta a los agentes de ICE para deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.
El juez Justin R. Walker, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumó la jueza Neomi Rao, también designada por el mandatario. En su escrito, Walker señaló: “La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia 'directriz de política escrita' es ilegal…”.
El fallo representa una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca y responde a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York, que argumentaba que la orden de Trump era inconstitucional por violar los derechos al debido proceso.
En su voto disidente, el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), sostuvo que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían refutado que, al implementar dicha política, deportaron a varias personas que llevaban más de dos años residiendo en el país. Por otro lado, el juez Walker consideró que la directriz del presidente Trump no les niega a los extranjeros “una oportunidad significativa de ser escuchados”.
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