El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes, en segunda votación, una iniciativa legislativa que modifica el Código Militar Policial y el nuevo Código Procesal Penal para establecer que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y los miembros de las Fuerzas Armadas sean procesados de forma exclusiva en el fuero militar policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La medida obtuvo 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones.
Según el texto aprobado, se considera delitos de función para policías y militares aquellas conductas ilícitas en las que pudieran incurrir durante el cumplimiento de sus labores o en el marco de un estado de emergencia. Además, la norma ordena que los jueces ordinarios archiven los casos contra efectivos si ya existe un proceso abierto dentro del fuero militar policial, lo que impediría avanzar hacia sentencias firmes en la justicia común.
Durante el debate, los parlamentarios del Bloque Democrático, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Reymundo Mercado, junto con la legisladora no agrupada Flor Pablo, presentaron un recurso de reconsideración contra la aprobación de esta norma, pero fue rechazado por el pleno. La legisladora Ruth Luque sostuvo que la iniciativa “distorsiona los delitos de función” y blinda a militares y policías evitando que sean procesados por la justicia ordinaria.
Ahora, la iniciativa será remitida a la Presidencia de la República, donde el mandatario José María Balcázar tiene un plazo de 15 días para promulgarla u observarla. De ser promulgada, la ley excluiría a policías y militares de la justicia ordinaria y ordenaría el archivamiento de procesos en aquellos casos donde ya exista una investigación en el fuero militar policial.
Los legisladores José Cueto (Renovación Popular) y César Revilla (Fuerza Popular) respaldaron que los fueros policiales asuman el procesamiento de los delitos cometidos por agentes policiales y militares. En tanto, la diputada electa de Ahora Nación, Indira Huilca, calificó la iniciativa como “nueva ley de impunidad policial” y responsabilizó a Keiko Fujimori por esta medida, que consideró inconstitucional.
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