Una auditoría de la Contraloría a los procesos de suscripción del contrato y las adendas de inversión del puerto de Chancay, así como a la licencia portuaria y la fiscalización ambiental del proyecto, reveló que el Estado perdió S/527,7 millones. Ese monto corresponde a un beneficio de recuperación anticipada del IGV que se le otorgó al inversionista Cosco Shipping, lo que constituyó un perjuicio para las arcas públicas.
El ente de control también identificó que Proinversión "validó, tramitó y suscribió" el contrato de inversión con representantes de Terminales Portuarios Chancay (hoy Cosco Shipping Ports Chancay Perú) que "no contaban con el poder que los acreditaba legalmente" para firmarlo. Pese a esa observación, la agencia continuó con el proceso y entregó el documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El MTC no solo suscribió ese contrato, sino que también aprobó cinco adendas por una inversión total de US$789,6 millones. La Contraloría plantea acciones penales contra funcionarios del MTC y de Proinversión por no haber fiscalizado la construcción de la infraestructura portuaria y por haber omitido aplicar sanciones. También señala deficiencias e incumplimientos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el proceso.
La auditoría de cumplimiento de la Contraloría detectó que el contrato de inversión del puerto de Chancay, firmado el 26 de agosto de 2016, fue "celebrado sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable". Como resultado, se le concedió a Cosco Shipping "el beneficio de recuperación anticipada del IGV por S/527.797.756 en perjuicio del Estado".
La auditoría recomienda que la Procuraduría Anticorrupción accione contra los funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Foto: CGR
En cuanto a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el informe señala que, en 2021, sus funcionarios concedieron a Cosco Shipping la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del terminal multipropósito de Chancay. Luego, en 2024, le otorgaron una segunda modificación, a pesar de que el inversionista presentó un expediente técnico que "no guardaba concordancia con la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel, ni incorporaba la medida de protección ambiental denominada Sistema de Geotubos".
Los funcionarios del MTC no actuaron debidamente para sancionar incumplimientos en la construcción del puerto de Chancay. Foto John Reyes/La República
La acción de cumplimiento es un proceso de auditoría que busca determinar si las entidades públicas actuaron según las normas durante la concesión y suscripción de un contrato, y si posteriormente han desplegado acciones de fiscalización. En este caso, la Contraloría recomienda que la Procuraduría Anticorrupción accione contra los funcionarios de la APN por estas irregularidades.
Ojos que no ven
La Contraloría señala que el Estado no pudo aplicar sanciones al inversionista porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “no sustentó oportunamente el inicio de procedimientos administrativos sancionadores por presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales” por parte de Cosco Shipping. Entre 2023 y 2025, la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC detectaron presuntas deficiencias, pero validaron los descargos de la empresa. Para el ente de control, esas respuestas no fueron satisfactorias y se debió iniciar acciones sancionadoras. Por ejemplo, en 2023 los inspectores hallaron que la construcción del túnel se ejecutaba “sobre un trazo que no contaba con certificación ambiental”, pero no existió sanción.
La auditoría de cumplimiento alcanza al MTC por no haber actuado ante tres graves incidentes, pese a contar con la información correspondiente: la variación del trazo del túnel, la suspensión del trasvase de arena y la verificación del mantenimiento del geotubo del puerto multipropósito de Chancay. Durante la inspección del avance de la obra, los funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) no exigieron al inversionista adoptar medidas cuando el túnel seguía un trazo diferente al acordado. Esto permitió que continuara la construcción y el posterior funcionamiento del puerto, pero “sin cumplir con los requisitos legales y sin aplicarse acciones correctivas, lo que benefició al administrado (Cosco Shipping)”, concluye la Contraloría.
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Funcionarios deben responder
La Contraloría recomienda que la Procuraduría Anticorrupción inicie acciones legales contra los funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que, según el informe, facilitaron que Cosco Shipping Ports Chancay Perú iniciara y ejecutara las obras y, posteriormente, operara el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay sin cumplir todos los requisitos legales aplicables. Esto ocurrió en el otorgamiento de la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 en 2021 y en su modificación en 2024, tramitados ante la APN por la empresa. El informe señala que no se formularon las acciones correctivas necesarias durante las inspecciones a la construcción del túnel y al sistema de geotubos. Además, la auditoría pide a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales contra los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Proinversión que participaron en la formulación del contrato con Cosco Shipping. Según la Contraloría, los representantes de la empresa no estaban validados legalmente, y se incumplió "la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable". Esto permitió que el inversionista accediera a la devolución tributaria del IGV hasta por S/527,7 millones, "sin que se haya acreditado el cumplimiento integral de los requisitos legales exigidos para el otorgamiento y permanencia de dicho beneficio, en perjuicio al Estado".
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