En sociedades medianamente sanas, mentir, delinquir o reivindicar la violencia suelen terminar en prisión o en tratamiento psiquiátrico. En el Perú, en cambio, “suelen terminar encabezando las encuestas”, según el columnista Ricardo Ghibellini. Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, es un ejemplo: acumula denuncias e investigaciones penales que no son “chismes de redes sociales ni conspiraciones de café”, sino “procesos reales, con un pie en la cárcel”. A esto se suma que no se le conocen logros de gestión relevantes ni una trayectoria que inspire confianza. Pese a todo, ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales, disputando la conducción de un país de treinta y cuatro millones de habitantes, compuesto mayoritariamente por gente trabajadora y honesta, pero que “parece tener una desconcertante vocación por dispararse a los pies y luego sorprenderse de no poder caminar”.

Otro caso que desafía cualquier análisis racional es José Domingo Pérez. Durante años fue utilizado como ariete político por sectores que confundieron justicia con persecución y debido proceso con espectáculo. Sus actuaciones públicas, sus excesos y su “inagotable necesidad de protagonismo delirante bastarían para justificar una evaluación clínica”. Sin embargo, sigue transitando por la vida pública como si no importara el daño causado. Ghibellini subraya que estas conductas, en lugar de tener consecuencias, parecen premiadas con visibilidad y apoyo electoral.

Lo más grave, sin embargo, es que estos personajes existen porque hay un mercado dispuesto a consumirlos. Buena parte de esa demanda —y esto es lo más inquietante— proviene de una juventud supuestamente educada y preparada que observa el espectáculo y no solo lo tolera, sino que lo celebra, confundiendo rebeldía con irresponsabilidad y destrucción con cambio. A ella se suma un sector de la población que usa el voto como un desquite y no como una solución.

Antauro Humala es la cereza de la torta: condenado por la muerte de policías, reivindicador permanente de la violencia política y promotor abierto de discursos incompatibles con cualquier democracia moderna. No solo no muestra arrepentimiento; ha convertido sus delitos en una credencial política. En cualquier sociedad medianamente sensata sería un recuerdo incómodo del pasado, confinado al lugar donde corresponde. Aquí consigue cámaras, entrevistas, seguidores y hasta quienes lo presentan como una alternativa de gobierno.

En resumen, el problema no está en los candidatos. Ellos son apenas el síntoma visible. El verdadero diagnóstico hay que buscarlo en una sociedad que, elección tras elección, permite que la frustración le gane al sentido común, convierte a los síntomas en alternativas y luego se pregunta, indignada, por qué los resultados siempre terminan pareciéndose tanto a las causas.

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