El Congreso de la República publicó la Resolución Legislativa 010-2025-2026-CR, que oficializa la sanción de inhabilitación por 10 años contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, apartándola de cualquier función en la administración pública. El documento lleva las firmas del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.
La medida, aprobada por el Pleno, se sustenta en las conclusiones del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618. El expediente determinó que Espinoza Valenzuela excedió los límites constitucionales del poder público al interponer la Denuncia Constitucional 549, mediante la cual atribuyó el presunto delito de negociación incompatible a 11 legisladores, basándose únicamente en su participación y voto a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR.
De acuerdo con la resolución, la sanción se le impuso por haber vulnerado los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución al denunciar penalmente a esos 11 congresistas por la aprobación de la ley que autoriza la percepción simultánea de remuneración y pensión para miembros de las FF. AA. y de la PNP. Para el Legislativo, la conducta de la exmagistrada incurrió en tres faltas graves: vulneró el artículo 45 de la Carta Magna al usar sus facultades para cuestionar decisiones adoptadas en el ejercicio regular de la función legislativa; trasgredió el artículo 93 al afectar la inviolabilidad parlamentaria, pretendiendo atribuir responsabilidad penal por el debate y aprobación de una norma; e infringió los incisos 3 y 5 del artículo 139, puesto que su denuncia carecía de motivación suficiente y vulneraba el debido proceso.
El Pleno del Congreso decidió desestimar la acusación penal contra Delia Espinoza por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, así como absolverla de la supuesta infracción de los artículos 158 y 159 de la Constitución. A pesar de la sanción política que la inhabilita por 10 años, la resolución oficializada por el Parlamento establece el archivo definitivo de la causa penal.
El documento remarca que durante todo el procedimiento se respetaron las garantías procesales. La exfuncionaria acudió a las audiencias reglamentarias, ejerció su derecho a la contradicción y contó en todo momento con el respaldo de la defensa técnica de su elección, según señaló el Congreso.
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