Un informe de la Universidad del Pacífico (UP) advierte que la pensión mínima creada por la Ley de Modernización del Sistema Previsional, sumada al envejecimiento poblacional, generará un costo fiscal que sus impulsores y el Ejecutivo aún no han calculado. Según el documento, “a partir de la década de 2040, se observa una aceleración en el crecimiento del gasto (fiscal), impulsada por la masiva jubilación de afiliados que demandan apoyo estatal para alcanzar las pensiones mínimas garantizadas por dicha Ley”.
La norma aprobada por el Congreso establece que los afiliados a las AFP accederán a una pensión mínima con garantía estatal si cumplen al menos 120 meses de aporte, en cuyo caso el monto será de S/ 300. Si la persona acumula 240 meses o más de aportes al Sistema Privado de Pensiones, la jubilación ascenderá a S/ 600.
La UP estima que el costo fiscal para garantizar ese beneficio será relativamente bajo entre hoy y el 2040, menor a S/ 1,000 millones anuales. Sin embargo, a partir de ese año el gasto se incrementará de modo acelerado: casi se duplicará en el 2045 (S/ 1,800 millones) y escalará progresivamente hasta alcanzar los S/ 15,000 millones en el 2070.
El informe también señala que, como los recursos fiscales provienen de los contribuyentes, las generaciones jóvenes y futuras de afiliados cargarán con el mayor peso relativo de la reforma. Ellas aportarán significativamente más de lo que recibirán en comparación con las generaciones actuales.
No obstante, analistas consideran que el porcentaje de afiliados de AFP que en el futuro califiquen para recibir la pensión mínima será reducido si los “retiros extraordinarios” de fondos previsionales dispuestos por el Congreso continúan. Este escenario es anticipado por los propios parlamentarios, pese a que la investigación proyecta un mayor costo fiscal a raíz de la pensión mínima instaurada en la reforma.
Jorge Guillén, docente de posgrado de Esan, advierte que el gasto previsional del Estado podría alcanzar “en veinte años una parte significativa del déficit fiscal”, si se considera la pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), las pensiones de la ONP y Pensión 65. Esto ocurriría porque “la pirámide poblacional se hace cada vez más vieja, más invertida, más ancha hacia arriba”, añade. En esa línea, Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, señala que el mayor gasto proyectado por la Unidad de Pensiones (UP) responde a dos factores estructurales: el crecimiento poblacional, que expande la Población Económicamente Activa (PEA), y la longevidad, pues la esperanza de vida tiende a aumentar. “Creo que los dos factores (antes mencionados) van a jugar un rol trascendente para que el cálculo de la pensión mínima también aumente”, afirmó Díaz.
La UP prevé que, al jubilarse, los afiliados requieran masivamente del subsidio estatal, lo que implica que una parte considerable acumulará fondos insuficientes para acceder a pensiones altas. “Tal como han establecido (en la ley y el reglamento) va a existir un aporte del Estado para aquellas personas que de repente han estado desempleadas, o en la informalidad y no les alcanza (para algo mayor a la pensión mínima)”, sostiene Guillén. Esto se debe a que muchos afiliados, tras un periodo de aportes a su cuenta individual de capitalización, pueden pasar a la informalidad o trabajar de forma independiente, dejando de acumular ahorros en su AFP. Sin embargo, Díaz aclara: “Hoy las estadísticas dicen que la gente se descuida, que no aporta, pero no podemos estar seguros de que las generaciones que están entrando no tengan una preocupación distinta”.
La UP señala que, para modificar los patrones de ahorro, el Gobierno debe tomar acción. “(Como Estado) tengo una necesidad de ver que la gente se preocupe un poquito más e intente ahorrar algo más. Para eso están los nuevos competidores, por ejemplo”, indica. En el Perú, el acceso a datos administrativos en pensiones es desigual: la ONP es abierta y se actualiza regularmente, mientras que la SBS no brinda acceso a la información del SPP a nivel individual, lo que impide analizar el impacto de los retiros de fondos. Por ello, la UP recomienda aprobar una ley que permita acceder a dicha información, especialmente al evaluar reformas con costos fiscales. Chile ya cuenta con una norma similar, que faculta a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y otras entidades para acceder a la información administrativa previsional de otros organismos públicos. Esta medida busca garantizar mayor transparencia y análisis en el sistema de pensiones.
Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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