Extorsión en Perú: 53 958 denuncias en dos años y solo 708 condenas, una brecha que no se cierra

Entre enero de 2024 y abril de 2026, el Perú registró 53 958 denuncias por extorsión, pero el Poder Judicial solo emitió 708 condenas por este delito en el mismo periodo. La cifra, obtenida por RPP a través de pedidos de acceso a la información, revela que apenas hay una condena por cada 76 denuncias presentadas. El contraste es aún más marcado si se observa la etapa intermedia: en los primeros cuatro meses de 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 5 270 denuncias, mientras que la Fiscalía solo registró cinco casos con acusación formal, un paso indispensable para llegar a una sentencia judicial.

Comerciantes, transportistas y empresarios son los principales blancos de la extorsión, un delito que se manifiesta a través de amenazas para cobrar cupos y mensajes intimidatorios. Las víctimas denuncian ante la PNP, que junto con la Fiscalía inicia una investigación; luego el Ministerio Público debe presentar una acusación ante un juzgado para que este condene a los responsables y los envíe a prisión. Sin embargo, el sistema judicial no logra sostener el ritmo de las denuncias que se acumulan.

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, el cuello de botella está en la investigación policial. “El principal problema está en la investigación policial. Una policía desalentada, sin tecnología, sin dinero para hacer inteligencia, siendo algo tan básico en esta materia, está un poco atada de manos para el desarrollo de procesos de investigación contra las extorsiones”, señaló. A su juicio, mientras no se supere esa carencia, la brecha entre denuncias y condenas “va a seguir siendo muy alta”.

Las cifras oficiales confirman que las acusaciones fiscales y las condenas judiciales avanzan a un ritmo mucho más lento que el crecimiento de las denuncias. El exministro atribuye esta situación a una policía sobrecargada y sin la logística necesaria para investigar un delito que requiere inteligencia y recursos tecnológicos.

Para Lucía Nuñovero, abogada criminóloga, la enorme brecha entre denuncias y condenas por extorsión se explica por dos factores: la falta de capacidad técnica de las unidades que investigan a las organizaciones criminales y el abandono de los procesos por parte de las víctimas, quienes no cuentan con mecanismos sólidos de protección y actúan por temor. “Podemos ver que una etapa vendría a ser propiamente el juzgamiento. Corroboración de información que trae la policía, y que luego no llegan a ser valorados por justamente las características de estos modus operandi, que están más enmascarados en diferentes comercios o negocios, etc.”, indicó.

Las regiones más golpeadas por este delito son Lima, La Libertad y Piura, y en todas se reproduce la misma disparidad. En la capital, por ejemplo, durante el 2025 la Policía registró 12 mil 701 denuncias por extorsión —casi la mitad del total nacional—, pero la fiscalía solo presentó 108 acusaciones y el Poder Judicial emitió 115 sentencias. El crecimiento del delito también se observa en las cárceles: según el Instituto Nacional Penitenciario, entre 2024 y 2025 la población de internos por extorsión aumentó en 558 personas. No obstante, en ese mismo periodo las denuncias superaron las 26 mil a nivel nacional.

Para el exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, este contraste revela que el sistema penal no está priorizando adecuadamente el encarcelamiento de los delincuentes más peligrosos. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, que darían, creo yo, un resultado mucho más eficiente, y podría reunirse las pruebas para incorporar a mayor cantidad de delincuentes a los penales. La cantidad de delincuentes en los penales no llega ni siquiera a 1900 y tenemos 4 000 presos por omisión de alimentos. Digamos, hay un problema, la cancha no está pareja y creo que no estamos metiendo a la cárcel a los peligrosos, y estamos dejando dentro de la cárcel a los que no son tan peligrosos”, expresó.

Frente a la inminente llegada de nuevas autoridades, la pregunta es cómo reducir esta brecha. Pedraza señala que el principal reto es fortalecer a la Policía con recursos, tecnología e inteligencia, una decisión que recae en el gobierno.

Para Lucía Nuñovero, la solución pasa por fortalecer la especialización y articulación entre policía, fiscal y juez, sobre todo en delitos de extorsión. "Esto se logra con especialización y mecanismos y protocolos interinstitucionales, la tramitación célere con todos los resguardos del debido proceso, y tener muchos más de estas, con más capacidades descentralizadas en diferentes sectores, ¿no? Que en el Perú se presentan con vulnerabilidades", señaló. En esa línea, otro analista consultado precisó que la responsabilidad no recae únicamente en la Policía. "¿Esta es una responsabilidad de la policía? No. Diría en parte, pero esa responsabilidad, desde mi punto de vista, recae principalmente en los gobiernos de turno para asignarle recursos suficientes y, a partir de eso, por supuesto, exigir mejores resultados en la policía. Solo así, vamos a poder reducir esa enorme brecha junto con el adecuado, por supuesto, trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial", explicó.

Todas estas cifras reflejan el preocupante panorama respecto al delito de extorsión con que el próximo gobierno recibirá el país, en medio del clamor de la ciudadanía para que sus nuevas autoridades les brinden soluciones.

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