El Poder Judicial impuso cadena perpetua y el pago de S/135.000 por reparación civil a dos ciudadanos extranjeros por extorsionar y causar la muerte de Jorge Ríos Laffite (21), un chofer de transporte público asesinado en septiembre del 2024 en el distrito de Comas. La sentencia en primera instancia recayó sobre Óscar Salinas (25) y María Ruiz (41), señalados como autor y cómplice primario del delito de extorsión agravada, respectivamente.
De acuerdo con la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (segundo despacho), la víctima realizaba un pago diario de S/7 a través del aplicativo Yape. Retrasarse en el pago de un solo día desencadenó amenazas y, días después, su asesinato cuando esperaba pasajeros a bordo de una combi en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Próceres de Huandoy.
Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron a María Ruiz como la titular del número de Yape, por lo que fue detenida en flagrancia en el distrito de San Juan de Miraflores. Durante su captura, la mujer mencionó que su cuenta era administrada por Óscar Salinas, motivo por el cual los agentes se desplazaron a su vivienda, en Ate.
Cuando los agentes lo intervinieron, el sujeto estaba dentro de un automóvil junto a otros dos hombres, intentando darse a la fuga. En su poder se le encontró el teléfono con el que amenazaba al conductor asesinado y a la propietaria de la unidad de transporte público. Esta última, según las investigaciones, ya había realizado parte del pago de los S/500 que le exigían. Dentro del vehículo que sería usado para escapar, la Policía Nacional del Perú halló dos armas de fuego abastecidas con municiones.
Por los elementos encontrados en el auto, la PNP también condujo a la comisaría a Yorfrán Vargas (28) y Jesús Martín (25), quienes fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión efectiva como coautores del delito de tenencia ilegal de armas y municiones. En tanto, la identidad de los sicarios que acabaron con la vida del chofer sigue siendo materia de investigación.
El fiscal Jhon Huamancayo sustentó el caso con diversas pruebas: las actas de intervención policial, de registro personal y de registro vehicular; la declaración de la agraviada, de testigos y de los efectivos intervinientes; la visualización de los teléfonos; el protocolo de necropsia; y las pericias de balística forense, residuos de disparo, biología forense y análisis digital forense, entre otros medios probatorios.
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