El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este viernes un pronunciamiento en el que rechazó de manera categórica las afirmaciones que atribuyen a funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral durante el proceso electoral desarrollado en el exterior. A través de un comunicado, la Cancillería defendió la actuación de los miembros del Servicio Diplomático y de los ciudadanos peruanos que participaron como miembros de mesa en distintos países.

Según indicó la entidad, las labores realizadas por los consulados se llevaron a cabo bajo los procedimientos establecidos por la normativa electoral y en cumplimiento de los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia y defensa institucional que rigen la función diplomática. En ese marco, recordó que, en el voto de los peruanos residentes en el extranjero, su papel se limita a funciones de organización y apoyo logístico en coordinación con los organismos electorales.

La Cancillería reafirmó su respeto a la voluntad popular, la autonomía de los organismos electorales y el derecho de las organizaciones políticas a presentar observaciones o recursos por las vías legales correspondientes. Asimismo, destacó que en los locales de votación participaron miembros de mesa y personeros acreditados por las organizaciones políticas, quienes contribuyeron a garantizar la transparencia del proceso.

En ese contexto, precisó que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no forman parte de las competencias de la Cancillería, sino que corresponden a los organismos electorales.

La Cancillería respondió a los cuestionamientos sobre la cadena de custodia del material electoral. Señaló que la no utilización del aplicativo de escaneo en la segunda vuelta no generó vacíos de control ni períodos sin supervisión sobre las actas y cédulas de sufragio. Una vez concluida la votación, los resultados fueron consignados en actas debidamente lacradas, cuyos resultados se publicaron en los locales consulares y cuyas copias fueron entregadas a los personeros acreditados. Posteriormente, el material fue trasladado mediante valija diplomática, bajo mecanismos de seguridad, intangibilidad y trazabilidad. Respecto a las herramientas tecnológicas, el Ministerio explicó que, a solicitud de la ONPE, se implementó de manera complementaria un aplicativo para el escaneo de actas en 108 de las 180 oficinas consulares que organizaron elecciones en el exterior durante la primera vuelta. No obstante, una parte importante de dichas sedes reportó dificultades técnicas y operativas para su utilización. Por ello, y en coordinación con la ONPE, se decidió no continuar con esta actividad complementaria durante la segunda vuelta, tal como ocurrió en territorio nacional con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). La Cancillería enfatizó que esta decisión no modificó el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de Elecciones ni afectó el repliegue del material electoral hacia el Perú. De acuerdo con la Cancillería, todas las actas y cédulas utilizadas llegaron a la sede de la ONPE sin alteraciones y dentro de los plazos acordados con los organismos electorales: cuatro días después de la primera vuelta y 72 horas después de culminado el escrutinio de la segunda vuelta. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que su actuación se enmarcó en el cumplimiento de sus funciones legales, logísticas y consulares, con estricto respeto a la neutralidad del Poder Ejecutivo y a las competencias de los organismos electorales. Además, puso a disposición de las autoridades electorales, de control y jurisdiccionales la documentación de sustento que le sea requerida. En cuanto a la supervisión del proceso, la Cancillería destacó que las oficinas consulares facilitaron la participación de personeros de las organizaciones políticas y permitieron la fiscalización de las autoridades competentes. Señaló que funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvieron presentes en Buenos Aires y otras sedes consulares, junto con observadores internacionales, representantes de la Defensoría del Pueblo y acciones de control de la Contraloría General de la República. Según la entidad, ninguno de estos mecanismos detectó demoras ni incidencias relacionadas con el repliegue del material electoral desde las oficinas consulares hacia la ONPE. De esta forma, la Cancillería rechazó las acusaciones de interferencia en el voto exterior, subrayando que su labor se limitó a brindar apoyo logístico y consular, sin afectar la autonomía de los organismos electorales.

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