La noche del lunes 12 de diciembre de 2022 aún reaparece, a veces con más detalles, en los sueños de Renato Murillo Reyes. Tenía 22 años, estudiaba medicina, era bombero y se sumó a una marcha convocada para protestar por las muertes de David Atequipa y Beckham Quispe, en Apurímac, durante las primeras protestas contra la expresidenta Dina Boluarte. Su intención era aportar sus conocimientos en primeros auxilios. "Siempre he tratado de brindar apoyo dentro de mis posibilidades", recuerda.
Alrededor de las 8:30 de la noche, en el Pasaje Belén, a pocos metros de la Plaza San Martín, un policía disparó, sin motivo alguno, un proyectil de gas lacrimógeno a corta distancia que le impactó entre los ojos. Perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Loayza, en la avenida Alfonso Ugarte, donde permaneció 12 días en coma. Los manifestantes que lo auxiliaron lo "velaron" en el lugar donde cayó, convencidos de que había muerto por la cantidad de sangre que dejó.
"Al despertar no sabía qué ocurría. Me enteré de que intentaron amedrentar a mi familia", relata. Dina Boluarte llegó al hospital con la intención de tomarse una fotografía. Su madre se opuso. "La ministra de Salud (Rosa Gutiérrez Palomino) le dijo que le convenía, porque si no, no podrían ayudarme", afirma.
Dina Boluarte y la entonces ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, durante una visita al Hospital Loayza en diciembre de 2022, donde Renato Murillo permanecía internado.
Ese 12 de diciembre, Renato Murillo no pudo auxiliar a nadie y, probablemente, nunca más lo haga. Sufrió traumatismos y fracturas en el cráneo, desprendimiento de retina y trastorno ansioso-depresivo. "Tengo 80% de pérdida de visión en el ojo derecho, pérdida ósea en el rostro e hiposmia: perdí la capacidad de reconocer olores", detalla.
A poco de graduarse como abogado, Murillo relata a La República cómo cambió su vida mientras la Fiscalía acusa al exjefe policial Víctor Zanabria Angulo y a su cadena de mando por las lesiones sufridas por Murillo. El caso del general Zanabria: un disparo en la cara que cambió la vida de Renato Murillo.
De la vida que tenía antes, a Renato Murillo no le queda mucho. Con nostalgia recuerda que practicaba atletismo, jugaba básquet y nadaba. “Tenía una vida muy sana. Por eso ingresé a la Compañía de Bomberos”, relata. Hoy, con 26 años, está a punto de graduarse como abogado y, desde hace varios años, aguarda su reposición como bombero. Los primeros meses tras el incidente fueron los más duros: “Estaba molesto con el mundo. Pensaba: ¿Qué pasa si me quedo ciego? ¿Y si nunca recupero el olfato?”, confiesa. Dejó la medicina, pero mientras culmina sus estudios de Derecho, espera ser reincorporado al Cuerpo General de Bomberos.
**EL AUTOR DEL DISPARO**
La Fiscalía señala como autor material de las lesiones graves que sufrió Renato Murillo Reyes al entonces teniente PNP Luis Bazán Campos, quien cumplía funciones de escopetero o lanzador de proyectiles de bombas lacrimógenas. Pese a las pruebas audiovisuales y periciales, Bazán negó su responsabilidad. Al ser confrontado con el video que capta el momento en que Renato cae herido, el oficial argumentó: “Lo que veo es agresión a los policías, no veo una bomba, puede ser cualquier objeto”. Durante el proceso, el suboficial también dijo no recordar los instantes en que activó el lanzagranadas. En la reconstrucción de los hechos, optó por guardar silencio.
La abogada Mar Pérez Aguilera, defensora legal de Renato, considera que la acusación por lesiones graves es insuficiente. “Un policía que a una distancia menor de la reglamentaria te dispara una bomba lacrimógena en una zona vital como la cabeza, es perfectamente consciente de que te puede matar”, explica, y sostiene que el delito debió ser tentativa de homicidio. Renato afirma que durante meses su familia recibió llamadas y mensajes para “llegar a un acuerdo” y evitar que el caso continuara. Recuerda que, en una de esas ofertas, enterados de su anhelo por volver a su compañía, le plantearon “reincorporarse al Cuerpo de Bomberos si abandonaba la denuncia”. También informó sobre el seguimiento de vehículos del Ministerio del Interior.
**LA CADENA DE MANDO**
La Fiscalía exige penas de entre 5 y 7 años de prisión para los mandos policiales. Entre ellos, el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, quien en diciembre de 2022 era jefe de la Región Policial Lima, y el general Frank Chang Campos, entonces jefe de la División de Servicios Especiales.
La Fiscalía también incluyó en la acusación a los policías Jorge Celadita Fuentes y Luis Ávila Ortiz, integrantes de la cadena de mando, por omisión de funciones. En el grupo de procesados, la pena más alta —7 años y 2 meses de prisión— es solicitada para el teniente Luis Bazán Campos, señalado como el autor directo del disparo que impactó a Renato Murillo. Según el requerimiento fiscal, la falta de control, supervisión y comunicación adecuada en la cadena de mando permitió que Bazán actuara fuera de los parámetros legales.
Pese a ello, Bazán no fue separado de sus funciones. Por el contrario, en enero de 2023, un mes después de disparar en la cabeza a Renato Murillo, fue ascendido al grado de capitán. Además, recibió felicitaciones por “servicio policial destacado” en dos oportunidades: primero en julio de 2023, durante la gestión del Comandante General PNP Jorge Angulo Tejada, y luego en diciembre de 2025, por el actual jefe policial, Óscar Arriola Delgado. Actualmente, Bazán se desempeña como comisario en Huancavelica. “Esta es la manera en la que la Policía aborda los casos de quienes vulneran a la población”, cuestionó la abogada Mar Pérez.
EL OTRO AGRAVIADO
La Fiscalía reportó un segundo hecho ocurrido el mismo día del ataque a Renato Murillo. Benedicto Huaccachi Cayampi, costurero de oficio, recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la zona pélvica mientras transitaba por los jirones Lampa y Lino Cornejo, en el Centro de Lima. “Sentí el impacto e inmediatamente caí. Sentí una quemazón intensa”, declaró ante la Fiscalía. Tras el golpe, perdió el conocimiento por unos minutos y, al despertar, se retiró el cinturón ortopédico que usaba por lumbalgia. Las enfermeras del hospital le dijeron que eso le “había salvado la vida”. En este caso, la Fiscalía señala como autor directo al suboficial Dino Tarrillo Ramos, e incluye también al mayor PNP José Solari Chilcce y al suboficial Elver Tasayco Lavalle.
EL RIESGO DE IMPUNIDAD
El expediente se encuentra en etapa intermedia, en control de acusación, ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Solo resta revisar los medios probatorios para pasar a juicio oral. Sin embargo, el magistrado fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia el último 10 de junio. “Una justicia que tarda no es justicia”, afirmó Mar Pérez, quien insistió en que el proceso avance no solo para Renato Murillo, sino también para las demás víctimas de las protestas.
El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, advierte que las iniciativas para favorecer a las fuerzas del orden forman parte de "una estrategia clarísima de perturbar u obstruir la acción de la justicia para lograr impunidad". Pérez también cuestiona la norma respaldada por el partido fujimorista Fuerza Popular, aprobada en primera votación por el Congreso el 12 de junio, que busca abrir paso a la justicia militar-policial en casos donde los uniformados cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
El Congreso ya había tomado posición sobre las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas. El 18 de julio de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el informe que admitía a trámite la denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves contra la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros, la cual incluía los casos de Renato Murillo y Benedicto Huaccachi.
Renato Murillo, mientras tanto, cambió su forma de entender su profesión. Luego de recuperarse del disparo, trabajó en casos de derechos humanos y empezó a mirar el sistema desde la perspectiva de las víctimas. "El Estado no debería darte miedo. El Estado debería darte seguridad", afirma. Ahora, como abogado, presta especial atención al caso de Víctor Santisteban Yasavilca. Poco más de un mes después de lo que le sucedió a Renato Murillo, en la noche del 28 de enero de 2023, también en Lima, Santisteban murió por un hecho similar: el impacto de una lacrimógena en la cabeza.
Renato Murillo revisa parte de los informes médicos elaborados tras las lesiones que sufrió durante las protestas de diciembre de 2022. | Foto: Marco Cotrina / La República
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