El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insistió este lunes en sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, con especial énfasis en la segunda vuelta del 7 de junio frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sánchez señaló que ya han acudido a diversas instancias para denunciar esta situación y advirtió que la afectación a la normativa electoral es grave.

Creo que se vienen unos días de debate público, sobre la actuación de diferentes actores vinculados a la afectación grave a la intangibilidad normativa electoral y se va a conocer dónde, cómo, por qué, qué razón y cuál ha sido el impacto de esta medida”, expresó el candidato en declaraciones a la prensa. Agregó que en los próximos días deberá debatirse la actuación de los actores involucrados en estos hechos.

Sánchez dijo que esperará los resultados de dicho debate y expresó su expectativa de que la autoridad electoral evalúe la posibilidad de convocar una audiencia para abordar este tema, respecto del cual aún no existen resultados definitivos de los comicios.

En paralelo, Juntos por el Perú ratificó este lunes la denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por las presuntas irregularidades que atribuye al manejo del voto de peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. El recurso fue presentado por el congresista de la Bancada Socialista y senador electo de la agrupación, Jaime Quito, quien acusó al titular de Relaciones Exteriores de una presunta infracción constitucional y de atentar contra el derecho de sufragio.

En diálogo con la prensa, el legislador señaló que la acusación busca establecer responsabilidades por los cambios que, según su agrupación, se habrían producido en el tratamiento y traslado del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el extranjero. Aseguró que la Cancillería no podía realizar modificaciones relacionadas con el manejo del material electoral durante la segunda vuelta y cuestionó los cambios efectuados en representaciones diplomáticas de países como España y Estados Unidos, lugares donde su agrupación asegura haber detectado las principales observaciones al voto en el exterior. De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Jaime Quito, la Cancillería tuvo a su cargo la coordinación logística para el repliegue y traslado hacia el Perú de las actas electorales, cédulas de sufragio y demás documentación proveniente de los consulados y oficinas diplomáticas donde votaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Sobre esa base, Juntos por el Perú sostiene que las modificaciones cuestionadas durante la segunda vuelta deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Además, señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha dado respuesta a los cuestionamientos formulados por su agrupación y, por el contrario, habría atribuido la responsabilidad de estas decisiones al Ministerio de Relaciones Exteriores. “El Jurado aún no se ha pronunciado respecto a ese tema. Ha sido la ONPE quien se ha pronunciado y más aún la ONPE lo que hace es lavarse las manos y decir que es el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó. “Lo estamos interpelando y también lo estamos acusando constitucionalmente porque no podían realizar ningún tipo de modificación, porque el canciller también ha cambiado a embajadores de España, de Estados Unidos, donde estamos presentando y planteando las irregularidades existentes”, denunció el legislador. En esa línea, afirmó que los procedimientos aplicados durante la jornada electoral constituyen “gravísimos vicios” que deben ser evaluados por las autoridades competentes. “Para Juntos por el Perú y para todo aquel que entiende de normas se han cometido gravísimos vicios”, indicó a la prensa. Incluso, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su agrupación y responder a los cuestionamientos planteados respecto al voto en el extranjero. El caso será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde primero se analizarán los fundamentos presentados y se determinará si corresponde su admisión para investigación.

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