La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) viene simplificando los procesos de licenciamiento para hacerlos más ágiles, especialmente para entidades que no captan depósitos del público. Según su memoria anual, el regulador busca “facilitar la competencia, innovación y mayor inclusión en el sistema financiero”, y ya ha logrado reducir los plazos de evaluación. Este cambio permitiría que fintech y empresas digitales, tanto nacionales como extranjeras, inicien operaciones como empresas especializadas en créditos con recursos propios, antes de solicitar una licencia para captar ahorros, explicó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.
El economista detalló que el esquema responde a un criterio de supervisión basado en el nivel de riesgo. “El principal objetivo de la supervisión financiera es proteger los ahorros de las personas. Si una empresa solo otorga créditos con capital propio, el riesgo lo asumen sus accionistas y no los depositantes”, indicó. Casana agregó que este modelo facilitaría el ingreso de nuevos competidores sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
A inicios de mes, la SBS autorizó el financiamiento de Prex Perú como empresa de crédito 100% digital, lo que abre la posibilidad de que más entidades financieras de similares características ingresen al mercado peruano con las simplificaciones que implementará el organismo supervisor. La medida apunta a que las empresas de crédito digital, que operan con capital propio, puedan obtener licencias proporcionales al riesgo que asumen, acelerando su llegada al país.
Según Casana, las nuevas entidades concentrarían inicialmente su actividad en créditos de consumo y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), segmentos donde hay una importante demanda de financiamiento. Esto obligaría a las entidades financieras tradicionales a acelerar su transformación digital, mejorar la experiencia de sus clientes y revisar sus condiciones comerciales para mantener su competitividad.
Actualmente, cerca del 65% de la cartera crediticia del sistema financiero corresponde a préstamos de consumo, mientras que una parte significativa del saldo restante está dirigida a las pymes. La mayor competencia beneficiaría especialmente a los usuarios de créditos de consumo, quienes enfrentan tasas significativamente superiores a las de otros segmentos.
Uno de los principales atractivos del modelo es que estas empresas podrían operar de forma completamente digital. Tendrían capacidad para ofrecer procesos más rápidos y condiciones competitivas, lo que podría traducirse en menores tasas de interés para los clientes, refirió Casana.
Informalidad
Para Jorge Ojeda, docente de Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), agilizar la autorización de empresas dedicadas al otorgamiento de crédito también contribuiría a reducir la informalidad financiera. Explicó que muchas empresas que no califican para acceder al financiamiento bancario terminan recurriendo a mecanismos informales. Permitir que nuevos actores regulados atiendan ese segmento ampliaría las alternativas de crédito y fortalecería la supervisión del mercado.
Ronald Casana explicó que las fintech podrían iniciar operaciones como empresas de crédito utilizando capital propio y, tras uno o dos años de funcionamiento bajo supervisión de la SBS, solicitar una licencia para recibir depósitos. Jorge Ojeda, de la UPC, respaldó este esquema y consideró que permitir la captación de ahorros desde el inicio sería prematuro. Recordó que la SBS ha intervenido y cerrado diversas cooperativas por problemas de solvencia, lo que demuestra la necesidad de mantener exigencias rigurosas para las entidades que administran recursos del público.
“Si estas empresas permanecen fuera del sistema, la autoridad no recibe información sobre sus operaciones. Incorporarlas al marco regulado permite monitorear mejor sus riesgos y reducir los espacios para la informalidad”, afirmó Casana. A largo plazo, el ingreso de estos nuevos participantes podría ampliar la oferta de servicios financieros, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la inclusión financiera en el país, manteniendo los estándares de supervisión exigidos por la regulación peruana.
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