El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validó las 5,000 firmas necesarias para que las empresas de apuestas deportivas y juegos virtuales puedan demandar al Estado ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creado mediante el Decreto Legislativo 1644 durante el gobierno de Dina Boluarte, al que varios expertos en leyes e impuestos advierten que es ilegal e inconstitucional por carecer de elementos básicos.

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Este martes, el Congreso debatirá el Proyecto de Ley 9645/2024-CR, que busca corregir el problema. Si los congresistas no lo aprueban por insistencia, el caso pasará directamente al TC. Hay un antecedente clave: en 2001, el TC ya declaró inconstitucionales los impuestos a casinos y tragamonedas, lo que obligó al Estado a recalcular, compensar y devolver el dinero cobrado a las empresas afectadas.

Hoy, las apuestas en línea pagan un 12% de Impuesto al Juego más un 1% de ISC sobre cada monto apostado. Aunque suena bajo, los especialistas explican que la carga real de impuestos puede devorarse casi el 50% de los ingresos brutos de los negocios. Esto ha golpeado al mercado formal entre 2025 y 2026: 40 operadores salieron del país, se cerraron 1,500 puntos de venta y el fútbol profesional pasó de tener 18 clubes patrocinados por apuestas en 2024 a solo 5 en 2026.

Los líderes de la industria advierten que asfixiar al sector con impuestos solo empujará a los usuarios hacia plataformas ilegales, que no pagan tributos y ofrecen mejores premios, pero carecen de control regulatorio. Aprobar por insistencia el proyecto de ley corregirá el error del decreto original, dará reglas claras al sector, protegerá los empleos formales y frenará la informalidad. La decisión final se tomará este martes en el Pleno del Congreso.

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